Ciudad de México ► El senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández fue destituido de la Comisión de Hacienda del Senado tras su controvertido intento de promover la iniciativa de cobranza delegada, una medida que buscaba embargar automáticamente los salarios de los trabajadores para el pago de deudas con entidades financieras privadas.
Esta propuesta generó una fuerte oposición al ser vista como perjudicial para los derechos laborales y una posible fuente de abusos financieros. La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente al adelantar que vetaría la iniciativa si llegaba a ser aprobada en el Congreso. «No estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo, el salario del trabajador es el salario del trabajador. Yo espero que no la apruebe el Senado de la República, y si la llegara a aprobar, la vamos a vetar. El salario de los trabajadores es intocable y hay otras formas en que las instituciones de crédito pueden hacer su trabajo, para que se paguen los créditos», declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del 7 de febrero.
La destitución de Ochoa Fernández no es su primera controversia. Su carrera política ha estado plagada de escándalos y acusaciones de corrupción, incluyendo omisiones en su declaración patrimonial y la aprobación de reformas en el Infonavit que beneficiaron a despachos jurídicos en perjuicio de miles de derechohabientes. Estas reformas resultaron en juicios masivos que despojaron a muchas familias de sus hogares y generaron un desfalco de 29 mil millones de pesos.
Investigaciones periodísticas han revelado que Ochoa Fernández también omitió declarar propiedades en el extranjero, valuadas en millones de dólares, agravando aún más su imagen pública y credibilidad. Su historial político, marcado por constantes cambios de afiliación y acusaciones de oportunismo, ha erosionado la confianza en su desempeño como funcionario público.
La iniciativa de cobranza delegada permitiría que los pagos de créditos de nómina fueran descontados directamente del salario del trabajador a través de su empleador, lo que, según expertos, podría haber representado un costo adicional para las empresas y una desventaja para los empleados al momento de negociar sus salarios. Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, explicó que «los trabajadores podrían ver parte de su salario embargado para el pago de créditos personales, lo cual implicaría un mayor costo de administración para las empresas». ■
