Chiapas ► La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró en Tenejapa, Chiapas, su primera Sesión Pública Extraordinaria en Territorio, donde el Pleno resolvió otorgar un amparo a la comunidad de La Candelaria para reconocerla como sujeto de derecho público con capacidad de gobierno y presupuesto propio. La decisión, aprobada por la mayoría del Pleno, se anunció minutos después de que los ministros sesionaran en la plaza principal del municipio chamula.
A la sesión asistieron seis de los nueve ministros que integran el Pleno, ataviados con la vestimenta tradicional de la región; otros dos ministros, Irvning Espinosa y Giovanni Figueroa, votaron a distancia, y la ministra María Estela Ríos estuvo ausente por una comisión oficial. El proyecto de sentencia fue presentado por la ministra Loreta Ortiz Ahlf y recibió el respaldo del ministro presidente Hugo Aguilar, así como de los ministros y ministras presentes.
Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, convocaron y acomodaron a cerca de dos mil personas de comunidades indígenas aledañas, improvisando un auditorio en la plaza de Tenejapa, donde se hablan tzotzil y tzeltal. La presencia masiva de habitantes de la región subrayó el carácter simbólico y político de la sesión itinerante, celebrada en un contexto de reclamos por reconocimiento y autonomía comunitaria.
El amparo concedido responde a una demanda que la comunidad de La Candelaria sostuvo durante cinco años tras la falta de respuesta del Congreso de Chiapas a su solicitud formal —presentada por su Asamblea Comunitaria— para ser reconocida como gobierno comunitario y sujeto de derecho público. Con apoyo de la Clínica de Derechos Humanos “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana Puebla, la comunidad llevó el caso hasta la Corte, que concluyó que existió una omisión legislativa por parte del Poder Legislativo estatal.
En su resolución, el Pleno señaló que la reforma al artículo 2 constitucional de 2024 exige que los derechos de los pueblos indígenas se traduzcan en mecanismos efectivos; por ello ordenó al Congreso de Chiapas legislar en un plazo máximo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General, para establecer procedimientos claros para el reconocimiento de gobiernos comunitarios, criterios para declarar a comunidades como sujetos de derecho público y mecanismos de coordinación con autoridades estatales y municipales. ■
