Ciudad de México ► La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes no declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas que eliminó el fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención de personas afectadas por delitos o violaciones graves a derechos humanos. El proyecto del ministro Giovanni Figueroa, que planteaba invalidar el artículo por considerarlo regresivo y contrario al principio de progresividad, obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra, pero requería al menos seis para prosperar.
La propuesta señalaba que la reforma suprimió un porcentaje fijo del presupuesto federal que garantizaba recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo que ya había sido calificado por la Corte en su anterior integración como un retroceso en materia de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de ministras y ministros optó por mantener la redacción vigente, que establece que los recursos dependerán de lo que se obtenga de bienes asegurados y procesos judiciales. La ministra Lenia Batres defendió esta postura al afirmar que no existen quejas de víctimas por falta de recursos y que, bajo el nuevo esquema, el fondo ha recibido más aportaciones.
La votación reflejó la división del Pleno: cinco ministros —entre ellos Batres, Estela Ríos y Aristides Guerrero— se pronunciaron por conservar la reforma, mientras que cuatro —incluidos Figueroa, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— respaldaron la declaratoria de inconstitucionalidad. Con este resultado, se mantiene vigente una disposición que organizaciones civiles como el Centro Prodh han considerado regresiva, pues elimina la garantía presupuestal mínima para la reparación del daño. La decisión deja en manos del Congreso y del Ejecutivo la definición de los recursos que cada año se asignen al fondo, en un tema que sigue siendo crucial para la atención de víctimas en México. ■
