Ciudad de México ► En una ceremonia protocolar celebrada en Palacio Nacional esta tarde, se firmó la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), en el marco de un acuerdo que une al gobierno, diversas tiendas de autoservicio y representantes de productores agropecuarios. La iniciativa, diseñada para combatir el incremento de precios y garantizar el abastecimiento de productos básicos, busca afianzar la coordinación intersectorial y fortalecer la respuesta frente a las presiones inflacionarias.
Encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el acto contó con la presencia de diversos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el Secretario de Economía, y representantes de los sectores comerciales y productivos. La renovación del Pacic contempla medidas específicas para evitar prácticas especulativas y precios abusivos, así como para incentivar la producción nacional y la transparencia en la fijación de precios. Durante el evento, se destacó que la actualización del paquete es clave para generar un ambiente de estabilidad en un contexto en el que la inflación y la carestía han sido temas recurrentes en la agenda económica nacional.
Entre los compromisos asumidos, las cadenas de autoservicio se han comprometido a publicar de manera clara y oportuna los precios de productos de primera necesidad, mientras que los productores agropecuarios pactaron aumentar la oferta de bienes esenciales y seguir protocolos de monitoreo conjunto. Asimismo, se establecieron mecanismos de seguimiento y evaluación periódica del impacto de las medidas, de manera que las autoridades puedan ajustar la estrategia en función de la evolución del mercado y garantizar la eficacia del acuerdo.
Representantes del sector productivo han manifestado su respaldo a la medida, resaltando que la renovación del Pacic permitirá una mejor planificación en la cadena de suministro y reducirá las incertidumbres en el mercado. Por su parte, expertos económicos han señalado que este tipo de acuerdos interinstitucionales son fundamentales para contrarrestar las dinámicas inflacionarias y proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía, sin que se interprete la acción como una intervención directa en la libre fijación de precios. ■
