Ciudad de México ► Rocío Robles Serrano, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), advirtió que la combinación del congelamiento del precio del gas LP y la competencia desleal del crimen organizado ha forzado el cierre de cerca de 50 plantas de distribución en todo el país, afectando el suministro de este energético tan vital para los hogares mexicanos.
Forbes México publicó que la representante del sector explicó que, desde octubre de 2024, el precio del gas LP se ha mantenido congelado con el fin de favorecer a los consumidores, lo que ha generado un mercado artificial en el que las empresas distribuidoras han tenido que subsidiar sus operaciones. Durante los últimos siete meses, muchas de estas plantas han recurrido a sus ahorros para cubrir gastos operativos, situación que ha alcanzado un punto crítico en el que las fuentes de financiamiento —como los créditos obtenidos— únicamente les permiten saldar pasivos, sin generar los ingresos necesarios para sostener sus operaciones y realizar inversiones esenciales en seguridad y mantenimiento.
De acuerdo con Robles Serrano, el margen de ganancia actual, que apenas alcanza los 1.98 pesos por litro, es insuficiente para que el negocio funcione de manera rentable. La industria solicita a la Secretaría de Energía que revise la tarifa de distribución, estableciendo un margen de ganancia de 4.25 pesos, lo cual permitiría cubrir los costos de salarios, combustible, mantenimiento de la infraestructura y renovación del parque vehicular. La falta de actualización de estos márgenes ha provocado una presión económica insostenible para las empresas, que tradicionalmente se han apoyado en la rentabilidad para garantizar la continuidad en la distribución.
Además, la situación se agrava por la competencia desleal de los comisionistas, quienes, con sus vehículos propios, ahora reciben comisiones tan bajas que se ven impulsados a recurrir al mercado ilegal. Según la evaluación sectorial, la diferencia entre la comisión que perciben en la distribución legal y la que obtienen en la venta de gas robado es significativa, lo que crea un incentivo perverso para desvincularse del canal formal y colaborar con organizaciones criminales. Este fenómeno, además de poner en riesgo la seguridad del suministro, debilita la cadena de distribución establecida y afecta a los usuarios finales.
La crisis en la industria del gas LP se enmarca en un contexto en el que aproximadamente el 70 por ciento del gas consumido en México es de importación, lo que evidencia la falta de autosuficiencia del país en este sector. La estructura actual de precios, basada en cotizaciones internacionales, ha ido erosionando el margen de utilidad de las plantas de distribución hasta el punto de resultar en pérdidas mensurables, forzando a numerosos operadores a cesar sus actividades para evitar endeudamientos insostenibles y riesgos operativos mayores.
Frente a este panorama, Rocío Robles Serrano hizo un llamado a las autoridades para que establezcan de manera urgente una mesa de diálogo y se revisen las tarifas vigentes. De no recibir una respuesta favorable, el sector advierte que el cierre de nuevas plantas podría desencadenar una crisis en la distribución del gas LP, afectando a miles de hogares y comprometiendo la estabilidad del mercado energético nacional. ■
