Ciudad de México ► Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial. Según el comunicado conjunto presentado ante la autoridad electoral, la medida se fundamenta en dos ejes: por un lado, que varios aspirantes se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado; y, por otro, que algunos no alcanzaron la calificación mínima de ocho puntos en el promedio de su licenciatura.
La propuesta legislativa se sustenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la fracción IV del artículo 95 y en la fracción III del artículo 97. De acuerdo con la documentación entregada, 18 de los 26 aspirantes han sido señalados por carecer de la “buena reputación” requerida, dado que pesan sobre ellos investigaciones por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y, en algunos casos, vínculos con la delincuencia organizada. Esta situación, según los legisladores, compromete la integridad y la imparcialidad de quienes estén destinados a impartir justicia.
Por otro lado, los documentos indican que en ocho candidaturas la valoración académica constituye otro factor determinante, ya que los prospectos no han logrado obtener el promedio mínimo de ocho requerido en su formación universitaria. En este sentido, Sergio Gutiérrez Luna subrayó que “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales que debe tener un operador del sistema judicial”. Los legisladores insisten en que la exigencia académica no es un mero trámite formal, sino un parámetro fundamental de calidad profesional y ética que debe ponderarse para salvaguardar la credibilidad de la justicia en el país.
La impugnación presentada al INE se eleva a menos de un mes de los comicios judiciales previstos para el 1 de junio. Las autoridades electorales deberán analizar detenidamente la documentación y las evidencias aportadas por el Poder Legislativo para determinar si se procede a la cancelación de los registros de las candidaturas señaladas. De concretarse la medida, se espera que ello tenga un impacto significativo en la conformación del Poder Judicial, aportando mayor confianza a la ciudadanía y reafirmando el compromiso con la transparencia y la ética en la función jurisdiccional. ■
