Colombia ► El presidente Gustavo Petro aseguró este 2 de julio que enfrenta “un golpe en flagrancia” orquestado por su excanciller Álvaro Leyva con apoyos dentro de círculos republicanos de Estados Unidos. A través de una extensa publicación en X, Petro anunció una denuncia penal por conspiración, traición a la patria, instigación a delinquir, calumnia e injuria, y pidió a la justicia estadounidense abrir una investigación sobre esos contactos.
Según Petro, Leyva Durán —que ejerció como canciller al inicio de su mandato— habría gestionado reuniones con el congresista Mario Díaz-Balart y buscado acercarse a Marco Rubio para presionar internacionalmente su salida y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez. Los audios revelados por El País muestran a Leyva hablando de un “gran acuerdo nacional” con políticos, medios y hasta con grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN, lo que el Gobierno califica de intento de desestabilización del hilo constitucional.
Leyva fue suspendido en 2024 por la Procuraduría por irregularidades en contratos de pasaportes. Desde entonces, envió varias cartas acusando a Petro de adicción a las drogas, acusaciones que Petro tildó de venganza “bárbara y canalla”. El presidente vinculó esta supuesta conspiración con otros hechos nacionales: las pesquisas a los gastos de su campaña, el proceso contra su hijo Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito, el ataque a Miguel Uribe Turbay y la oposición en el Congreso a sus reformas.
Por su parte, Francia Márquez negó cualquier vínculo con el plan y exigió que los supuestos implicados “den explicaciones claras” ante la justicia; mientras que los congresistas Díaz-Balart y Carlos Giménez calificaron de “infundadas” las acusaciones e instaron a presentar pruebas concretas.
La Fiscalía General de Colombia confirmó la apertura de una indagatoria para “establecer el alcance de los hechos denunciados” y aclaró que trabaja bajo reserva mientras recopila audios, cartas y testimonios. Petro anunció que su abogado, Alejandro Carranza, representará al Estado como víctima y exigirá que Estados Unidos colabore en la pesquisa internacional. ■
