Campeche ► El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito ordenó restituir de manera provisional los derechos del periodista Jorge Luis González Valdez y del diario Tribuna, tras considerar excesivas e inconstitucionales las medidas cautelares impuestas por una jueza de control estatal, que le prohibían ejercer el periodismo y obligaban a cerrar su plataforma digital.
Previo a esta resolución, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a González Valdez por el presunto delito de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien presentó la denuncia como ciudadana. La medida incluyó la suspensión de su ejercicio periodístico por dos años, el cierre definitivo de la página web de Tribuna y una indemnización de dos millones de pesos, acciones que el tribunal calificó de desproporcionadas y violatorias de derechos fundamentales.
En su análisis, los magistrados determinaron que las restricciones vulneraban la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia, protegidos por los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución. Señalaron además que existían alternativas menos lesivas para garantizar la protección de la presunta víctima, por lo que las medidas cautelares fueron revocadas por unanimidad.
Tras recibir la notificación, Jorge Luis González Valdez anunció la reactivación inmediata de su plataforma noticiosa y adelantó que retomará este viernes su programa Expediente a través de redes sociales. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, expresó su confianza en el aprovechamiento del fallo como un precedente para defender la labor de los periodistas ante presiones políticas.
La resolución también fue destacada por el gremio periodístico y organizaciones en defensa de la prensa, quienes consideraron el fallo como un revés a los intentos de censura y un antecedente para reforzar la protección de informadores en entidades con escasa oferta mediática local.
Aunque las medidas cautelares fueron suspendidas, el juicio de amparo principal continúa su trámite y determinará el fondo de la acusación de incitación al odio. ■
