Suiza ► El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) alertó sobre “informaciones creíbles” que apuntan a que personas con discapacidades psicosociales e intelectuales están siendo utilizadas en experimentos médicos y científicos en Corea del Norte, prácticas que podrían constituir tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En su más reciente informe, el organismo instó al régimen norcoreano a prohibir de inmediato estas prácticas y a garantizar el respeto a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Pyongyang en 2016.
El documento detalla que este colectivo es sometido a aislamientos prolongados por “desobediencia” o “improductividad”, se le niega atención médica y, en algunos casos, enfrenta violencia física, abusos, castigos corporales o administración forzada de químicos como sanción por no cumplir cuotas de trabajo forzado, incluso en prisiones o tras ser repatriados desde el extranjero.
El CRPD también documenta denuncias creíbles de infanticidios contra niños con discapacidad —algunos perpetrados en instalaciones médicas con autorización oficial—, así como abortos y esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad. Estas acciones se enmarcarían en políticas eugenésicas y discriminatorias orientadas a “prevenir” el nacimiento de personas con discapacidad.
Además, el informe señala que en Corea del Norte las personas con discapacidad enfrentan restricciones para casarse o adoptar, y suelen ser segregadas en empleos “adaptados” que limitan su integración social. Organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Base de Datos de Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB) han denunciado que muchas son internadas de forma coercitiva en “instalaciones número 49”, centros remotos donde viven aisladas y sin acceso a educación, salud o justicia.
El comité urgió a Pyongyang a garantizar la inclusión plena, eliminar la discriminación estructural y permitir el acceso de observadores internacionales independientes para verificar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el país. ■
