Estados Unidos ► El gobierno del presidente Donald Trump emitió una nueva directriz que amplía los criterios para negar visas y residencias a extranjeros que padezcan ciertas condiciones médicas o que no cuenten con los recursos suficientes para mantenerse en Estados Unidos. La medida, enviada en un cable del Departamento de Estado a embajadas y consulados, instruye a los funcionarios a evaluar con mayor rigor la salud y la solvencia económica de los solicitantes, bajo el argumento de evitar que se conviertan en una “carga pública” para el sistema.
De acuerdo con reportes de Associated Press y medios especializados como KFF Health News, la lista de condiciones médicas que ahora podrán influir en la decisión incluye diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, asma y apnea del sueño, además de factores como la edad avanzada. Los solicitantes deberán demostrar que pueden costear sus tratamientos médicos sin depender de beneficios públicos, lo que en la práctica podría excluir a miles de personas que buscan ingresar o permanecer en el país.
La disposición retoma y amplía la política de “carga pública” que ya había sido aplicada en periodos anteriores, pero ahora con un enfoque explícito en la salud. Según expertos en migración, esta directriz podría reducir aún más el número de extranjeros que logran obtener visas, en un contexto en el que el gobierno de Trump ha endurecido de manera sistemática las reglas de ingreso.
Organizaciones de defensa de migrantes y grupos de derechos humanos han advertido que la medida podría derivar en discriminación hacia personas con enfermedades comunes o discapacidades, al convertir condiciones médicas en un criterio de exclusión. En redes sociales, abogados migratorios han señalado que la política no solo afectará a quienes buscan residencia permanente, sino también a solicitantes de visas temporales, pues la instrucción es evaluar la salud y la capacidad económica en todos los trámites consulares.
El Departamento de Estado no ha precisado cuántos solicitantes podrían verse afectados, pero documentos internos citados por medios estadounidenses indican que los funcionarios deberán justificar cada caso en el que la salud del solicitante represente un riesgo de dependencia futura. ■
