Veracruz ► La captura del periodista Rafael León Segovia, conocido en Coatzacoalcos por su trabajo en la cobertura de nota roja bajo el seudónimo “Lafita León”, ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y el uso de figuras penales graves contra comunicadores en Veracruz. El operativo se realizó la noche del 24 de diciembre, cuando elementos de la Policía Ministerial, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron una orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos. La Fiscalía General del Estado lo acusa de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, dentro del expediente COA 718/2025.
El contexto de la detención está vinculado con investigaciones sobre presuntas filtraciones de información y posibles vínculos con grupos delictivos que operan en la región sur del estado. Aunque la Fiscalía sostiene que existen elementos para imputarle responsabilidades, no ha detallado públicamente las pruebas que sustentan los cargos. La falta de claridad ha encendido las alarmas entre organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la acusación podría tratarse de una criminalización del ejercicio periodístico en una entidad con un historial crítico de agresiones contra comunicadores.
La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde colegas y ciudadanos expresaron preocupación por lo que consideran un precedente peligroso: la utilización de delitos de alto impacto para acallar voces incómodas. En contraste, autoridades estatales insisten en que se trata de un proceso judicial legítimo y que el caso será llevado conforme a derecho. ■
