Dicen los que saben, que en política las palabras suelen vestirse de virtud, pero los hechos terminan desnudando la ambición. Los gobernadores que hoy se presentan como adalides de la honestidad y la responsabilidad, en realidad han comenzado a trazar caminos para que sus esposas, padres, hermanos o cualquier otro familiar hereden las sillas que ocupan.
San Luis Potosí es el ejemplo más reciente y más sonado. Ricardo Gallardo, del Partido Verde, ha impulsado la llamada “Ley Ruth”, bautizada así por su esposa Ruth González, quien ya se perfila como candidata a la gubernatura en 2027. La reforma, cuestionada incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido señalada como un intento burdo de disfrazar nepotismo con paridad de género. Sheinbaum ha reiterado que la sucesión de familiares directos en cargos de elección popular es inaceptable y el Congreso de la Unión ya aprobó una reforma para impedirlo a partir de 2030.
En Nuevo León, Samuel García no oculta su intención de que Mariana Rodríguez, su esposa, sea la carta fuerte para la sucesión. En Guerrero, la sombra de la familia Salgado Macedonio sigue pesando sobre la política estatal. En Zacatecas, los Monreal han convertido la plaza en un feudo que se reparte entre hermanos. Y la lista se extiende a otras tantas entidades donde las dinastías políticas se reciclan con la misma naturalidad con la que cambian de partido.
La presidenta Sheinbaum ha marcado línea: “cero nepotismo”. Ha cuestionado las llamadas “leyes esposa” y ha pedido revisar su constitucionalidad. El mensaje es claro, clarísimo: la democracia no puede reducirse a un juego de herencias familiares disfrazadas de paridad o de continuidad política. Sin embargo, los gobernadores insisten en que sus casos son distintos, que la ciudadanía decidirá, que no hay imposición. Pero los hechos revelan su ambición de mantener el poder a toda costa, incluso pasando por encima de los principios que dicen defender.
La paradoja es que estos actores políticos se presentan como parte de una nueva generación, como los que vinieron a romper con las viejas prácticas. Pero al abrir el camino para su parentela, demuestran que no eran distintos. Que la retórica de la transformación se desvanece cuando se trata de conservar privilegios. Que la honestidad y el bien común se convierten en palabras huecas frente al apetito de poder.
El verdadero dilema no está en si la ciudadanía votará o no por los familiares de los gobernadores, sino en que se normalice la idea de que el poder es un patrimonio que se hereda. Esa lógica convierte a la democracia en una farsa y rompe la credibilidad de la transformación misma. Porque en el fondo, la insistencia en abrirle paso a la parentela no es un gesto aislado ni una excepción, sino la confirmación de que las viejas prácticas siguen vivas bajo nuevos discursos.
No parecen distintos. Y mientras sigan entendiendo la política como un negocio familiar, no lo serán. ■
