Tabasco ► Organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Conexiones Climáticas se sumaron a la exigencia de más de 200 madres y padres de familia de Paraíso, Tabasco, que piden la reubicación inmediata del jardín de niños “Agustín Melgar” y la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, colindantes con la refinería Olmeca de Dos Bocas. En un comunicado conjunto, Cemda calificó como “indignante” que niñas y niños vean comprometida su salud y futuro ante riesgos documentados y la presunta omisión de autoridades con atribuciones y recursos para actuar.
Las organizaciones y las familias presentaron demandas concretas: la reubicación inmediata de ambos planteles fuera de la zona de riesgo; la apertura de un canal de comunicación formal, constante y accesible con autoridades capaces de tomar decisiones; y la elaboración y socialización de un plan de protección civil que garantice una respuesta oportuna mientras se concreta la reubicación. Estas peticiones fueron reiteradas en conferencias y comunicados públicos, donde se subrayó que la cercanía de las escuelas a tanques de aguas amargas y a la planta recuperadora de azufre expone a la comunidad escolar a la posible liberación de gases tóxicos.
Padres y madres relataron que desde el inicio de la operación de la refinería han registrado olores a gas, episodios de humo y caída de partículas, así como síntomas de mareo y problemas respiratorios en estudiantes, y que han solicitado soluciones sin respuesta clara durante años; en noviembre de 2024 entregaron un oficio a la Secretaría de Educación Pública solicitando la reubicación, según los denunciantes. Ante la falta de avances, convocaron a movilizaciones y pidieron garantías para sus protestas, mientras organizaciones civiles demandan a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Javier May una intervención urgente y coordinada.
El respaldo de Cemda y Conexiones Climáticas añade peso técnico y jurídico a las demandas comunitarias, al tiempo que visibiliza el posible incumplimiento de la normativa que prohíbe la localización de escuelas en inmediaciones de instalaciones industriales peligrosas; las organizaciones instan a las autoridades federales y estatales a actuar con prontitud para garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y la seguridad de la población escolar. ■
