Ciudad de México ► El gobierno federal anunció este viernes que a partir de enero de 2026 notificará a Grupo Salinas el cobro de 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el pasado 13 de noviembre que la empresa debe saldar sus compromisos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante la conferencia matutina del 19 de diciembre, Antonio Martínez Dangio, director del SAT, explicó que la compañía podría acceder a una reducción de hasta el 39% del monto total si manifiesta su intención de pago y se acoge a lo previsto en la ley. Esa disminución equivaldría a 19 mil 890 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el adeudo se arrastra desde 2008 y que existen resoluciones judiciales firmes que obligan a la empresa a cumplir. “Se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior”, señaló, sin precisar las medidas que su administración aplicaría en caso de incumplimiento.
Sheinbaum añadió que los recursos podrían destinarse a programas sociales de la Secretaría del Bienestar, como la pensión Mujeres Bienestar o el fortalecimiento de becas educativas. “La verdad ojalá pague. En el momento que se notifique, viene el proceso de ver el acuerdo… en caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales”, dijo.
El fallo de la Corte, aprobado por unanimidad, desechó el amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por Grupo Elektra, filial de Grupo Salinas. Dicho recurso buscaba evitar el pago de 33 mil 306 millones de pesos, considerado el litigio más cuantioso interpuesto por la empresa de Ricardo Salinas Pliego contra el fisco.
Con esta resolución, el gobierno mexicano se prepara para concretar uno de los cobros fiscales más grandes en la historia reciente, en un contexto donde la administración federal ha insistido en que las grandes corporaciones deben cumplir con sus obligaciones tributarias para garantizar la financiación de programas sociales prioritarios. ■
