Ciudad de México ► La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) pidió al gobierno federal suspender de forma inmediata las inéditas elecciones judiciales, que se llevarían a cabo el domingo 1ro. de junio. La solicitud se fundamenta en la admisión por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de una queja interpuesta conjuntamente con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, en la que se advierten presuntas violaciones a los derechos humanos y un grave impacto sobre la independencia judicial.
En el comunicado oficial, la JUFED señaló que la queja acusa al “Estado mexicano de promover una reforma judicial que compromete la autonomía del Poder Judicial a través de elecciones populares”. Según el comunicado, la organización exige: “La JUFED hace un llamado enérgico y firme al Estado mexicano a suspender de inmediato el proceso de elecciones judiciales, en tanto se sustancia el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU”.
Asimismo, la JUFED destacó que el Comité internacional ha solicitado la adopción de medidas de protección en favor de magistrados y jueces, con el objetivo de evitar cualquier forma de intimidación o represalia que pueda derivar de su cooperación con el sistema internacional de derechos humanos.
El proceso electoral en cuestión, de carácter inédito en la historia del país, contempla que se definan por voto popular entre 881 cargos judiciales federales a jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema. Diversos sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales han manifestado su preocupación, al argumentar que esta modalidad electoral podría poner en riesgo la tradicional independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho.
La JUFED sostiene que continuar con el proceso electoral, sin atender las medidas provisionales dictadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, implicaría “una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”. La organización enfatiza además que la actual coyuntura coloca en alto riesgo a los integrantes del Poder Judicial, lo que podría propiciar un clima de incertidumbre y vulnerar garantías judiciales esenciales. ■
