Campeche ► La jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó ayer medidas cautelares que obligan al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico digital Tribuna a someter sus contenidos —todo texto, imagen u opinión— relativos a la gobernadora morenista Layda Sansores San Román a la aprobación previa de un interventor designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ).
La resolución judicial suspende de forma indefinida cualquier mención, directa o indirecta, sobre la mandataria estatal, ordena que un representante del TSJ supervise y autorice cada nota antes de su publicación, e impone la compañía de un “censor oficial” cuando González Valdez participe en programas, conferencias o grabaciones en vivo.
González Valdez, de 71 años y con más de cuatro décadas de trayectoria periodística, calificó las nuevas restricciones como “excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías constitucionales” y advirtió que “no se había visto en años recientes un ataque tan directo contra la libertad de expresión”.
En diciembre de 2023, la gobernadora Sansores presentó una denuncia por supuesta incitación al odio y violencia en contra de su persona, argumentando que las publicaciones de Tribuna le habían causado ofensa y humillación “por su condición de mujer, edad, forma de vestir y apariencia física”. El 13 de junio de 2025, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista y ordenó el cierre de la plataforma digital de Tribuna y la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años.
El 9 de julio, el Tribunal Colegiado del 31º Circuito declaró esas primeras medidas inconstitucionales por afectar desproporcionadamente los derechos a la libertad de trabajo y de prensa, restituyendo el derecho de González Valdez y Tribuna a publicar y ejercer su oficio.
Paralelamente, González Valdez enfrenta una sentencia por daño moral a favor del director de Comunicación Social estatal, Walther Patrón. La indemnización impuesta asciende a 2 millones de pesos y, para garantizar su pago, la autoridad judicial ordenó la subasta de la vivienda del periodista. ■
