Estados Unidos ► El juez federal Brian E. Murphy, del distrito de Boston, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración del presidente Donald Trump deportar a inmigrantes a países con los que no tienen ciudadanía ni vínculos, sin antes otorgarles la oportunidad de alegar que enfrentarían persecución o tortura. Esta decisión, basada en la Convención contra la Tortura ratificada por el Congreso en 1994, subraya la obligación del gobierno de garantizar la protección de los derechos humanos.
El fallo, emitido el pasado viernes, responde a una política reciente del Departamento de Seguridad Nacional que buscaba acelerar las deportaciones de inmigrantes con órdenes finales de remoción, incluso a países donde no tienen relación previa. Según la orden del juez Murphy, las autoridades deben notificar por escrito a los inmigrantes y sus abogados el país al que serían enviados, permitiéndoles presentar una solicitud de protección humanitaria ante un tribunal de inmigración. Además, las deportaciones no podrán ejecutarse hasta que un juez de inmigración emita una decisión final.
Este fallo llega en un contexto de creciente tensión, ya que la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para implementar la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia del país. En semanas recientes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había declarado que los inmigrantes indocumentados podrían ser enviados a El Salvador, donde serían encarcelados en megacárceles. Estas declaraciones generaron preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.
La decisión del juez Murphy también destaca la saturación del sistema judicial de inmigración, con aproximadamente 3.7 millones de casos pendientes. Este retraso podría extender el tiempo necesario para resolver las solicitudes de protección, garantizando a los inmigrantes una audiencia completa y acceso a representación legal.
Aunque la orden no afecta a los presuntos pandilleros deportados bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, sí representa un obstáculo para los planes de la administración Trump de acelerar las deportaciones a terceros países. La audiencia para decidir sobre una medida cautelar de mayor duración está programada para el próximo 10 de abril. ■
