Ciudad de México ► Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México brindará “la mejor defensa” —tanto en el ámbito político como legal— contra la propuesta del impuesto del 5% a las remesas impulsada por legisladores republicanos en Estados Unidos.
Desde el inicio de la crisis fiscal, el gobierno mexicano ha argumentado que la medida ocasionaría una doble tributación para los migrantes. Según explicó de la Fuente, “no nos parece que esta medida, que tiene fines recaudatorios del otro lado de la frontera, afecte a una porción muy importante y sensible de nuestros connacionales”. Así, el canciller enfatizó que los mexicanos en Estados Unidos ya contribuyen tributariamente y que gravar nuevamente el dinero enviado a México sería injusto.
En un esfuerzo coordinado, desde el 13 de mayo se remitió una carta a legisladores estadounidenses en la que se expone que los migrantes ya pagan impuestos en territorio norteamericano y que las remesas representan únicamente el 18% de sus ingresos, mientras que la mayor parte de sus recursos se mantiene en Estados Unidos. Asimismo, se señaló que el embajador Esteban Moctezuma sostuvo reuniones por separado con distintos grupos de legisladores para reforzar esta postura, y por instrucción presidencial se envió adicionalmente otra misiva detallada a quienes impulsan la iniciativa.
Hoy, los comités de análisis y presupuesto del Congreso estadounidense evaluarán la propuesta fiscal. De ser aprobada en esta instancia, el proyecto deberá pasar al Senado y, posteriormente, volver a ser debatido en la Cámara de Representantes, en un proceso que se perfila como el inicio de una disputa tanto política como legal entre ambos países.
Las remesas constituyen un pilar fundamental en la economía mexicana. En 2024, México registró un récord de 64,745 millones de dólares enviados desde Estados Unidos, lo que representó el 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. De estos recursos, el 97 % provino de Estados Unidos, principalmente de California (33 %), Texas (14 %) y Colorado (4 %), y se registró un promedio de 393 dólares por operación. Los estados que lideraron la recepción de remesas fueron Michoacán (8.7 %), Guanajuato (8.7 %), Jalisco (8.5 %), Ciudad de México (7.2 %) y el Estado de México (7.1 %), siendo este flujo de dinero equivalente a cerca del 20 % del ingreso familiar en diversas regiones.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, advirtió que la aplicación de este impuesto equivale a una doble tributación, ya que los migrantes mexicanos en Estados Unidos ya han cumplido con sus obligaciones fiscales, pagando entre el 10 % y el 37 % según corresponda. Amador enfatizó que imponer un gravamen adicional vulneraría el tratado vigente desde 1994, diseñado para evitar la doble imposición entre México y Estados Unidos, y recordó que tal medida “iría contra las prácticas internacionales y probablemente contra las normas internas de Estados Unidos”, lo que podría facilitar su impugnación.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la misma conferencia, llamó a la movilización de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos, invitándola a enviar cartas a sus congresistas para manifestar su rechazo ante lo que calificó de política discriminatoria. Además, la jefatura de Estado dejó en claro que su Gobierno evaluará otras acciones para visibilizar su postura contraria a la medida, en un contexto en el que se debate no solo el impacto fiscal, sino también la protección de los derechos y aportes de los migrantes mexicanos.
El enfrentamiento sobre el impuesto del 5% a las remesas se enmarca en un contexto de tensiones fiscales y migratorias entre ambos países. ■
