Estados Unidos ► El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en lo que va del año, registrando 56,397 inmigrantes bajo custodia hasta el 15 de junio. Esta cifra, publicada por el diario The Guardian, se suma a una campaña de deportaciones que, según la administración del presidente Donald Trump, se justifica por el arresto de “criminales”. Sin embargo, datos de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse revelan que solamente el 28.3% de esos detenidos tenía antecedentes penales, entre ellos delitos menores de tráfico, mientras que el 71.7% no contaba con historial delictivo.
La discrepancia entre la narrativa oficial y la realidad de los datos ha generado un encendido debate que ha destacado que la intensificación de los arrestos—en ocasiones ejecutada a través de métodos como los “encuentros colaterales”, en los que personas presentes en el lugar de un operativo pueden ser detenidas sin orden judicial previa—pone en tela de juicio la alegación de focalizar únicamente a individuos con antecedentes serios. Estas prácticas, junto con la ampliación del criterio de arresto, han generado preocupación en comunidades inmigrantes que temen ser víctimas de detenciones arbitrarias por infracciones administrativas o leves.
Por otro lado, los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE mantienen bajo vigilancia a 183,756 familias e individuos, según datos actualizados al 14 de junio. Además, TRAC Reports ha ajustado su definición de “antecedentes penales”: a partir de ahora, aquellos detenidos que presenten cargos penales pendientes no serán contabilizados como personas con antecedentes. Esta modificación, que podría rebajar aún más el porcentaje de detenidos con historial criminal, añade otro matiz al debate sobre la operativa migratoria actual.
Ciudadanos y activistas exigen mayor transparencia en los criterios de detención, cuestionando el impacto social y económico de una política que afecta a individuos que, en muchos casos, incurren solo en infracciones menores. Mientras el gobierno defiende la medida como imprescindible para garantizar el orden y la seguridad, el consenso en las redes sigue marcando la necesidad de revisar y ajustar estas políticas para evitar prácticas desproporcionadas. ■
