Ciudad de México ► Seis organizaciones empresariales han rechazado enérgicamente la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de regularizar viviendas ocupadas de forma irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra. La medida, según sostienen, vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
El comunicado, firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco Cdmx), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), sostiene que legalizar la ocupación de viviendas sin escrituración y a precios subsidiados equivaldría a normalizar las invasiones. Según los firmantes, esta política “institucionaliza la ilegalidad” y desvirtúa el mandato legal del Instituto.
Además, las organizaciones resaltaron que el 86 % de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar —de un total estimado de 843 mil— están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con los propietarios legítimos, lo que representa un riesgo para los fondos de los trabajadores. En este sentido, los empresarios argumentan que el Infonavit no puede transferir viviendas que no le pertenecen ni beneficiar a personas ajenas a su ámbito legal; funciones que corresponden a otras instancias, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Durante la conferencia matutina del 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada al respecto y afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que la medida no busca “quitarle una vivienda a quien le pertenece”. Sin embargo, los firmantes pidieron que dicha aclaración se convierta en acciones concretas que cierren las interpretaciones que puedan debilitar la certeza jurídica.
Los críticos también advirtieron sobre la crisis financiera que atraviesa el Infonavit: el índice de morosidad pasó del 7,8 % en 2018 a más del 18 % en 2024, y si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera alcanza el 32 %, es decir, uno de cada tres créditos presenta algún incumplimiento. Estas cifras, según los empresarios, evidencian un deterioro en la gestión y ponen en riesgo el patrimonio de los trabajadores. ■
