Ciudad de México ► En el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para elegir cargos en el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado un buzón digital en su portal oficial, que permite a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil informar a los consejeros electorales sobre la existencia de candidatos judiciales que presenten una sentencia firme por actos violentos, lo que podría inhabilitarlos para el ejercicio de cargos públicos, conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación electoral vigente.
La iniciativa responde a una segunda etapa de revisión de candidaturas, tras haberse cuestionado la suficiencia del análisis preliminar realizado por los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión. Mediante el micrositio disponible en ine.mx los ciudadanos pueden llenar un formulario en el que se solicitan datos tanto del informante como del candidato señalado, junto con evidencias como el número de expediente o la sentencia que respalde la alerta. Este mecanismo estará habilitado incluso después del día de la elección, extendiéndose hasta la víspera del 15 de junio de 2025, siendo el primer corte informativo programado para el 12 de mayo.
El proceso de verificación recae sobre un grupo interdisciplinario coordinado por la Secretaría Ejecutiva del INE. Este equipo, integrado por las Unidades Técnicas de Igualdad de Género, Asuntos Jurídicos, lo Contencioso Electoral y otros departamentos, evaluará la información recibida para identificar incumplimientos del requisito constitucional conocido como 8 de 8 contra la violencia. En caso de detectarse irregularidades, se notificará a la persona candidata, otorgándole un plazo de tres días naturales para que presente la documentación que respalde su defensa.
Esta medida ha sido recibida con buenas críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil, pues fortalece la supervisión ciudadana y la transparencia en la selección de candidatos judiciales. Al permitir que cualquier ciudadano participe activamente en la revisión del historial de los aspirantes, el INE pretende garantizar que los puestos en el Poder Judicial sean ocupados únicamente por quienes no tengan antecedentes firmes que atenten contra la integridad y la seguridad pública. ■
