Ciudad de México ► Tabasco registró uno de los incrementos más pronunciados en tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos durante 2025, según un informe difundido por el portal La Razón de México, que a su vez cita datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim). Mientras a nivel nacional las detecciones de “pinchazos” a ductos disminuyeron 10.2 por ciento —de 10,436 en 2024 a 9,366 en 2025—, Tabasco pasó de prácticamente erradicar el delito en 2023 a reportar un alza sostenida que, en términos porcentuales, se ubicó entre las más altas del país.
De acuerdo con la nota, en Tabasco las tomas clandestinas se incrementaron de apenas dos casos en 2023 a 42 en 2024 y a 170 en 2025, lo que representa una escalada de 304.7 por ciento en un año y evidencia una migración del huachicoleo hacia el sureste del país, según el análisis del Igavim citado por el medio. Ese desplazamiento, explican las fuentes, responde a dinámicas de oferta y demanda que mantienen activa la economía delictiva del combustible.
Juan José Hernández, director del Igavim, advirtió en la entrevista realizada por el medio que la aparente baja en 2023 no necesariamente reflejó una reducción real del fenómeno, pues al comparar los registros de Pemex con otros indicadores, como las carpetas de investigación, se observan discrepancias que sugieren subregistro en algunos periodos; Hernández subrayó que las condiciones para la persistencia del delito siguen presentes.
La publicación también contrasta las cifras del Igavim con reportes de otras instancias: medios locales han recogido versiones de la Fiscalía General de la República (FGR) que apuntan a descensos en ciertas entidades, lo que pone de manifiesto diferencias metodológicas y la necesidad de armonizar fuentes para medir con precisión la incidencia del robo de hidrocarburos. Analistas consultados por La Razón y otros medios señalan que la movilidad territorial del huachicoleo obliga a reforzar la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia.
Además del impacto operativo, la publicación documenta costos económicos: en 2025 se estimaron gastos por reparación de tomas clandestinas por 652 millones 26 mil 653 pesos, cifra que, aunque inferior a la de años recientes, sigue siendo significativa y refleja el peso financiero de la lucha contra el huachicoleo. El informe advierte que, pese a decomisos y operativos, la existencia de mercados para el combustible robado y la capacidad de adaptación de las redes delictivas dificultan una reducción sostenida.
La nota concluye con ejemplos locales de la expansión del delito —como aseguramientos de estaciones de servicio y la concentración municipal de tomas en lugares como Degollado, Jalisco; Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; y Pénjamo, Guanajuato— y con la recomendación de fortalecer la trazabilidad del combustible, la cooperación entre autoridades y la vigilancia comunitaria para contener la migración del huachicoleo hacia regiones como el sureste. ■
