Ciudad de México ► El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, aseguró este martes en la conferencia matutina que el gobierno “ni espía ni censura” con las modificaciones aprobadas en la Ley de Telecomunicaciones. Subrayó que el artículo 183 del dictamen actualmente en la Cámara de Diputados es idéntico al vigente desde 2014, aprobado por PAN y PRI, y no incorpora facultades nuevas de acceso a datos de usuarios.
Peña Merino detalló que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con autoridades de seguridad y procuración de justicia según lo dispuesto en las leyes correspondientes. Tanto el artículo 182 del dictamen (equivalente al 189 actual) como el 183 (antes 190) establecen que cualquier petición de información o geolocalización en tiempo real de equipos terminales debe hacerse mediante mandamiento escrito, fundado y motivado por la autoridad competente.
En materia de derechos de las audiencias, el funcionario explicó que el nuevo marco restituye sus garantías constitucionales. Los procedimientos para atender quejas de contenidos iniciarán únicamente a solicitud de los usuarios ante un defensor de audiencias, y de resultar procedente la autoridad emitirá apercibimientos, sin que exista facultad alguna de censura previa. Entre los derechos protegidos están la no discriminación, la igualdad de género, la separación clara de publicidad y contenido, y la protección de la programación infantil.
Respecto a Llave MX, Peña Merino desmintió riesgos de suplantación de identidad. Aclaró que, aunque se pudiera registrar una cuenta con una CURP ajena, ningún trámite gubernamental puede iniciarse y concluirse exclusivamente con Llave MX, pues siempre se exige documentación adicional revisada por un servidor público. “Si sacaron una Llave MX con una CURP que no era propia, es una llave que no van a poder usar”, advirtió.
La presidenta Claudia Sheinbaum reforzó el mensaje: “Cómo vamos a espiar… ni nos interesa. Nada cambió en la ley; solo le pusieron un nombre para confundir a la gente”. Calificó las acusaciones de parte de la oposición como “narrativa de hipocresía y engaño” y sostuvo que el propósito de la reforma es optimizar el sistema de telecomunicaciones y garantizar su mejor funcionamiento, sin invadir la privacidad ciudadana.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue enviado el lunes a la Cámara de Diputados para su análisis durante el periodo extraordinario. Diputados de oposición han anunciado reservas sobre algunos puntos, pero el gobierno prevé mantener la redacción aprobada, insistiendo en la vigencia de los mismos artículos desde 2014 y la garantía de no vulnerar derechos ciudadanos. ■
