Yucatán ► El gobernador morenista de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reveló que la administración pasada, encabezada por el panista Mauricio Vila, actualmente senador, dejó un déficit financiero de 808 millones de pesos; esto significa que el actual gobierno tiene menos dinero del que necesita para cubrir todos sus gastos y compromisos.
Díaz Mena detalló que se detectaron diversas irregularidades, incluyendo pagos excesivos a despachos sin documentación y sin justificación, pagos de finiquitos excesivos, contratación de servicios con empresas ligadas a servidores públicos y uso indebido de recursos de fideicomisos. Al revisar la cuenta de ingresos no etiquetados del estado, se constató que había un saldo disponible de solo 11.3 millones de pesos, mientras que existían compromisos de pago pendientes por un total de 429.2 millones de pesos, lo que dejó un faltante inicial de 417 millones de pesos.
El gobernador agregó que de esos 429 millones de pesos en cuentas pendientes, el 43 por ciento, es decir, 242 millones de pesos, corresponde a adeudos en el área de seguridad pública. “Esto significa que la administración saliente dejó deudas que tuvimos que asumir para cuidar la salud del estado y la tranquilidad de los yucatecos”, aseguró Díaz Mena.
Además, en la revisión se identificó una reclasificación de recursos por 150.3 millones de pesos, lo que agravó aún más el estado financiero en que fue entregada la administración. Al profundizar en la revisión de las dependencias, se encontraron adeudos adicionales por 136 millones de pesos que no estaban documentados en el sistema.
Ante esta situación, el gobernador Díaz Mena comentó que ya se iniciaron los acercamientos con dependencias federales como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública, para gestionar recursos adicionales. El objetivo es cerrar el año de manera correcta y cumplir con los compromisos de pago que se tienen con docentes y con personal de salud.
La administración actual enfrenta un desafío significativo para estabilizar las finanzas del estado y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. ■
