Ciudad de México ► Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en menos de año y medio se han registrado cientos de casos en los que diversas determinaciones de órganos jurisdiccionales han favorecido o pretendido beneficiar a presuntos delincuentes, acción que califica de “inaceptable” en tanto que contradice la misión de salvaguardar el orden y la justicia.
En el informe de seguridad, que abarcó un recorrido desde el pasado martes hasta la jornada de hoy en Palacio Nacional, García Harfuch señaló que entre 2024 y lo que va de 2025 se cuenta con el registro de 193 determinaciones judiciales –casi 200 decisiones– que han permitido, mediante traslados, liberaciones y egresos definitivos, que un importante número de individuos vinculados a actividades delictivas sean favorecidos por el sistema. De estas decisiones, se reportaron 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que implicó que más de 100 presuntos delincuentes regresaron a las calles. Asimismo, se registraron 27 traslados voluntarios de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, tanto federales como estatales, sin que se hayan cumplido todas las formalidades del proceso, situación que afecta especialmente a sujetos que requerían medidas de seguridad específicas.
El funcionario enfatizó que la labor de los órganos jurisdiccionales debe estar orientada a proteger a la sociedad y, en ese sentido, denuncia que estas decisiones evidencian una debilidad en la aplicación del debido proceso judicial. Como ejemplo ilustrativo, recordó la controvertida situación generada por las órdenes judiciales en el caso de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, conocidos como “Z-42”, a quienes se postergó en repetidas ocasiones el proceso de extradición. Finalmente, el pasado 27 de febrero, las autoridades mexicanas procedieron a la extradición de ambos presuntos criminales a Estados Unidos, en lo que se considera un raro paso a la acción efectiva en un contexto de dudas sobre la imparcialidad de ciertas resoluciones. ■
