Ciudad de México ► La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un presunto fraude de más de mil millones de pesos en contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El caso involucra a empresarios vinculados a compañías como E-Group Holding y Zarte Internacional, así como a transferencias internacionales que podrían haber sido utilizadas para desviar recursos públicos.
De acuerdo con documentos oficiales, la UIF —entonces encabezada por Pablo Gómez Álvarez— solicitó el pasado 5 de agosto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el acceso a cuentas, contratos y movimientos financieros de los investigados desde 2015. Entre los nombres señalados figuran Moisés El Mann Arazi, André El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil, quienes aparecen como representantes legales y accionistas en las empresas relacionadas con Powergreen.
La carpeta de investigación FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, abierta por la FGR, apunta a que el contrato de suministro de equipos 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre CFE y Powergreen, pudo haber sido simulado. Las autoridades sospechan que se realizaron pagos por servicios y productos que nunca fueron entregados, lo que habría generado un daño patrimonial significativo a la empresa estatal.
La CFE, bajo la dirección de Manuel Bartlett, ha colaborado con las autoridades en la entrega de información y documentación relacionada con el caso. La paraestatal presentó denuncias formales y reiteró su compromiso de combatir la corrupción dentro de sus estructuras operativas.
El esquema bajo investigación incluye presuntas triangulaciones financieras, uso de fideicomisos y transferencias internacionales que habrían servido para ocultar el origen y destino de los recursos. Las autoridades han señalado que cuentan con pruebas documentales y registros bancarios que respaldan la acusación, aunque el proceso judicial aún se encuentra en etapa de integración.
El caso ha generado preocupación en el sector energético, donde se advierte que este tipo de fraudes no solo afectan las finanzas públicas, sino también la confianza en los procesos de contratación de empresas proveedoras. La investigación continúa y se espera que en las próximas semanas se definan las medidas cautelares contra los implicados y se amplíe la lista de personas físicas y morales involucradas. ■
