La reubicación de los vendedores ambulantes que durante años ocuparon las banquetas y los alrededores del mercado José María Pino Suárez no es un episodio menor de orden urbano: es, en los hechos, una prueba temprana de que en Centro se transita hacia otra forma de gobernar. Quienes aceptaron los locales en el tianguis de Casa Blanca han comenzado a trabajar bajo techo, con servicios y en condiciones que, por lo pronto, les permiten ofrecer productos en mejores condiciones de higiene y con mayor seguridad para el comprador. Eso no es una promesa: es una realidad que puede comprobarse en el día a día del nuevo espacio comercial.
Las voces ciudadanas recogidas en redes y en la calle son el mejor termómetro. Hay quienes celebran que ahora se pueda caminar por las banquetas sin sortear puestos ni basura acumulada; hay quienes destacan que el tianguis de Casa Blanca cuenta con estacionamiento, orden y precios competitivos; y hay quienes subrayan que los locatarios históricos del mercado han visto un repunte en sus ventas. Esos testimonios no son propaganda oficial: son percepciones de usuarios y consumidores que, al final, son quienes sostienen la economía local.
No se puede soslayar, sin embargo, que el proceso está en vías de judicializarse. Dicho lo anterior, resulta evidente que buena parte de la oposición al traslado responde a intereses que trascienden la defensa de la empleabilidad. La politización del conflicto —con apoyos partidistas y discursos que buscan convertir una medida urbana en bandera electoral— distorsiona el debate. Cuando la protesta es amplificada por actores externos, el reclamo social corre el riesgo de convertirse en instrumento de confrontación, y eso termina por perjudicar a quienes, en principio, se pretende defender.
Las críticas que acusan autoritarismo omiten un dato clave: la reubicación ofreció alternativas con infraestructura y servicios, condiciones que la venta en la vía pública no garantizaba. No es lo mismo vender a la intemperie, expuesto a la lluvia, al calor y a la inseguridad, que hacerlo en un local techado con acceso a servicios sanitarios y ordenamiento del espacio. La formalización no es un castigo; puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del producto, la atención y la estabilidad de ingresos.
También conviene señalar que el desorden en el primer cuadro afectaba a peatones, personas con discapacidad y al comercio establecido. Las banquetas invadidas, los desechos y la obstrucción del paso público eran una queja recurrente entre vecinos y visitantes. Recuperar el espacio público no es una cuestión estética: es una cuestión de seguridad, movilidad y derecho de todos a transitar. La administración municipal, en este caso encabezada por Yolanda Osuna Huerta, ha apostado por ese principio; la discusión legítima es cómo hacerlo con justicia social, no si debe hacerse.
Si hay una lección que deja este episodio es que las soluciones urbanas exigen decisión para restablecer el orden y responsabilidad social para proteger el sustento de quienes viven del comercio. La evidencia ciudadana —los comentarios que celebran la limpieza, la posibilidad de caminar y la oferta en Casa Blanca— sugiere que el balance ya muestra resultados.
Si la administración de Centro consolida la reubicación con medidas de apoyo adicionales —promoción del nuevo tianguis, facilidades administrativas, capacitación y vigilancia contra cobros indebidos—, entonces la mudanza podrá convertirse en un ejemplo de cómo ordenar la ciudad sin dejar a nadie atrás. ■
