A un mes de iniciado el sexenio del gobernador Javier May Rodríguez, Tabasco enfrenta una serie de desafíos significativos en su lucha contra la inseguridad. La reciente ola de violencia ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar este fenómeno de manera efectiva y sostenida.
Recientemente se han registrado numerosos incidentes violentos, incluyendo homicidios, enfrentamientos armados y ataques a negocios. Tan solo en el último fin de semana, se reportaron al menos nueve muertes violentas, tanto en Villahermosa como en diferentes municipios. Este incremento en la actividad criminal ha generado preocupación entre la población y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.
Varios factores han contribuido a la situación actual de inseguridad en Tabasco. A saber, los enfrentamientos internos entre grupos delictivos, como «La Barredora», que han provocado una ola de homicidios y la aparición de células rivales; la falta de una infraestructura adecuada y de recursos suficientes, entre ellos la capacitación y el equipamiento de los cuerpos policiales y la presunta corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la colusión con grupos criminales.
Por su parte, el gobernador ha reconocido la gravedad de la situación y ha prometido tomar medidas decisivas para combatir la inseguridad. Durante sus conferencias en Palacio ha enfatizado la importancia de una colaboración estrecha entre el gobierno estatal y las fuerzas federales para enfrentar la criminalidad.
Además, ha subrayado la necesidad de implementar estrategias integrales que aborden tanto la prevención del delito como la persecución de los delincuentes.
Entre las medidas propuestas se incluyen incrementar el número de policías y mejorar su capacitación y equipamiento, fomentar la cooperación entre las diferentes agencias de seguridad, tanto a nivel estatal como federal, implementar programas de prevención del delito que involucren a la comunidad y promuevan la participación ciudadana, establecer mecanismos de control y supervisión para prevenir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y garantizar la transparencia en la administración de justicia y crear programas de apoyo y asistencia para las víctimas de la violencia.
Pese a la indudable pertinencia de tales propuestas, la situación actual exige una acción inmediata y decidida. No basta con tener buenas ideas; es fundamental implementarlas de manera rápida y efectiva para enfrentar la violencia y la criminalidad antes de que alcancen niveles alarmantes; cualquier demora en la respuesta puede resultar en más víctimas y un deterioro adicional de la seguridad pública.
Con su triunfo en las urnas, el gobernador no solo asumió un compromiso político, sino una obligación moral y social con los tabasqueños que esperan vivir en un entorno seguro y protegido. ■
