El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que pretendía invalidar parcialmente la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en particular la elección de jueces y magistrados, no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado, tras un intenso debate entre los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de la rijosidad de las ministras Piña Hernández y Ríos Farjat, así como de los ministros Aguilar Morales, González Alcántara, Gutiérrez Ortiz Mena, Laínez Potisek, Pardo Rebolledo y Pérez Dayan, en contra de la reforma, no se atrevieron a dar el paso definitivo que hubiera asomado al país al borde de una crisis política.
Por su parte, las tres ministras Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf, mantuvieron su respaldo a la reforma debido a su alineación con los principios de democratización y transparencia que esta propone.
La negativa del Poder Judicial de acatar una reforma constitucional que los despoja de añejas prerrogativas ha sido un punto de fricción constante con los poderes ejecutivo y legislativo.
Los ministros liderados por Piña Hernández han defendido su postura argumentando la necesidad de mantener la independencia judicial y evitar injerencias políticas. Sin embargo, esta resistencia ha sido vista como un intento de preservar sus privilegios y aquellos que detentan los poderes fácticos.
Estos grupos fácticos, que incluyen a poderosos intereses económicos y políticos, han encontrado en la SCJN un aliado para mantener el statu quo.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum calificó la iniciativa de González Alcántara como una respuesta desesperada a la exigencia de los partidos políticos de oposición que, aún sin personalidad jurídica para promover amparos, han interpuesto toda clase de argucias para tratar de descarrilar la reforma.
Hoy, pese a las expectativas de los opositores, que esperaban que Norma Piña tomara una postura más radical, la desestimación del proyecto del ministro González Alcántara, mantiene en la vía la reforma judicial.
Esto significa que la SCJN no revisará el fondo del asunto planteado por el ministro.
El siguiente paso es que el Poder Judicial y los otros actores políticos deberán adaptarse a las nuevas disposiciones de la reforma. Esto incluye la implementación de la elección popular de jueces y magistrados, así como la de ministros de la SCJN y magistrados electorales.
Este desenlace también puede interpretarse como un triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien insistió en la importancia de la reforma para fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción. Sin embargo, la resistencia de los ministros complicó el avance de sus propuestas durante su mandato.
La narrativa de que las reformas eran un intento de controlar el poder judicial se convirtió en un argumento recurrente de sus opositores, dificultando la construcción de consensos necesarios para su aprobación, lo que finalmente ocurrió con la declaración de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, apenas dos semanas antes de concluir el sexenio de AMLO.
Con la reforma en marcha, se espera que el voto popular acerque el sistema judicial a la ciudadanía, propiciando un fortalecimiento de la legitimidad y la confianza pública en el Poder Judicial. ■
