El motín ocurrido este jueves 19 de diciembre en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CREST), ubicado en Villahermosa, revela una serie de tensiones y contradicciones que merecen una reflexión profunda. Los reclamos de los familiares de los internos, que acusan a las autoridades de malos tratos y de ‘insensibilidad’, contrastan con la realidad de que muchos de esos presos están pagando las consecuencias de sus actos criminales, que han generado sufrimiento y dolor en las familias de sus víctimas.
Es fundamental reconocer que los derechos humanos de los internos deben ser respetados. Nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de los delitos que haya cometido. Sin embargo, es igualmente importante recordar que estos derechos no deben estar por encima de la autoridad y el orden necesarios para preservar la seguridad y la justicia que demanda la sociedad.
Las personas que exigen a gritos y con ofensas un buen trato para los internos, deben reflexionar sobre el hecho de que muchos de ellos están cumpliendo condenas por delitos graves como narcotráfico, trata de personas, secuestro y extorsión; por si fuera poco, hay líderes de bandas criminales que continúan operando desde el interior de las cárceles, ordenando actos de violencia como la quema de autos y comercios, sembrando el pánico entre las familias.
Es preocupante observar cómo algunos familiares de los internos replican la violencia que critican. Al cerrar calles y agredir a servidores públicos, están perpetuando un ciclo de violencia que no contribuye a la solución de los problemas. Es necesario que estos familiares comprendan que la justicia no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Exigir un trato justo para los internos implica también reconocer y respetar el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que los internos cumplan sus condenas en condiciones dignas, pero también deben asegurarse de que estas instituciones no se conviertan en centros de operación para actividades criminales. La seguridad de la comunidad debe ser una prioridad, y esto requiere un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la firmeza en la aplicación de la ley. ■
(Fotografía del interior del CREST que circula en redes sociales).
