Campeche ► El gobierno de Campeche publicó en el Periódico Oficial del Estado la declaratoria de utilidad pública y el decreto de expropiación de varios predios en una zona residencial de la capital, con el objetivo de destinar poco más de siete hectáreas a la construcción de la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”. Las propiedades están vinculadas a familiares y cercanos del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, entre ellos su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, y el empresario/arquitecto Juan José Salazar Ferrer, a quien autoridades locales han señalado como presunto prestanombres del exgobernador.
De acuerdo con la declaratoria, el proyecto académico se levantará en un polígono contiguo a la residencia del propio Moreno Cárdenas, en uno de los fraccionamientos con mayor plusvalía de la ciudad. El decreto se sustenta en un dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno y se acompaña de los plazos procesales establecidos tras la reforma estatal a la Ley de Expropiación: cinco días hábiles para que los propietarios presenten pruebas y alegatos, valuación bajo facultades del Ejecutivo y esquemas de indemnización que pueden extenderse por varios años, conforme a la normativa vigente.
La gobernadora Layda Sansores definió la medida como un “acto de justicia” y enmarcó la construcción de la universidad en la política educativa federal para ampliar la oferta en ciencias de la salud. La administración estatal sostiene que la causa de utilidad pública es clara: abrir un campus con infraestructura suficiente en un punto accesible de la ciudad, con impacto regional. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó el argumento oficial al señalar que los predios estarían relacionados con operaciones de corrupción, y planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de extinción de dominio en casos de bienes de origen ilícito.
Alejandro Moreno respondió que se trata de persecución política y anunció que impugnará por la vía legal. Calificó el decreto como un abuso de poder y afirmó que la reforma a la expropiación en Campeche acota indebidamente los recursos de defensa de los particulares. Su equipo jurídico anticipó que solicitarán la suspensión de actos, además de la revisión de la valuación y la indemnización. En paralelo, el PRI acusó “uso faccioso” del aparato estatal para golpear a la oposición.
En lo inmediato, la expropiación inicia un calendario administrativo y técnico para la instalación de la Universidad de la Salud “Rosario Castellanos”. El gobierno estatal adelantó que las obras arrancarían en las próximas semanas, sujeto a las fases de proyecto ejecutivo y licitación. En el otro frente, los propietarios disponen del plazo legal para interponer recursos y presentar documentación; si prosperan, podrían modificar el trazo, el monto de la indemnización o el cronograma del campus. ■
