Estados Unidos ► El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al anunciar este lunes sanciones contra ocho ciudadanos mexicanos y doce empresas con sede en México, acusados de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción conocida como Los Chapitos. La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, implica el congelamiento inmediato de bienes y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.
De acuerdo con el comunicado oficial, la red operaba principalmente desde Culiacán, Sinaloa, y estaba encabezada por la familia Favela López, que utilizaba compañías fachada como Sumilab, Agrolaren, Favelab y Qui Lab para ocultar la venta de insumos químicos. Entre los sancionados figuran Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, así como Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García y César Elías López Araujo, señalado como prestanombres. También fue incluida Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, identificada como intermediaria clave en la distribución de precursores. Según la OFAC, pese a sanciones previas en 2023, la red continuó operando mediante cambios en registros corporativos y el uso de testaferros.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, recordó que más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo y subrayó que la acción busca desmantelar las estructuras financieras y logísticas que sostienen a organizaciones criminales transnacionales. El Tesoro reiteró que Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, controlan la adquisición de químicos, la operación de laboratorios clandestinos y la distribución de drogas hacia Estados Unidos. Desde febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa fue catalogado como organización terrorista extranjera, y en junio la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió una designación específica bajo las leyes antiterroristas y antinarcóticos.
Las sanciones no solo bloquean activos en territorio estadounidense, sino que también prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con los designados. Las instituciones financieras que incumplan se exponen a sanciones civiles y penales. El Tesoro advirtió que continuará aplicando medidas de este tipo mientras las redes criminales persistan, aunque aclaró que las sanciones pueden levantarse si los implicados modifican su conducta conforme a la ley. ■
