Estados Unidos ► La decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar las visas de al menos medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos ha sacudido a la élite política nacional y abierto un nuevo frente en la relación bilateral. De acuerdo con un reporte de Reuters, confirmado por dos funcionarios mexicanos que hablaron bajo condición de anonimato, la medida forma parte de una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados en la esfera política.
Aunque no se han revelado nombres de manera oficial, fuentes consultadas señalan que entre los afectados hay integrantes de distintos partidos, incluidos cuadros de Morena, así como funcionarios estatales y municipales. La cancelación de visas, que en algunos casos ya fue notificada directamente a los implicados, ha generado lo que analistas describen como una “onda de choque silenciosa” en sectores acostumbrados a viajar con frecuencia a Estados Unidos para asuntos personales, médicos o financieros.
El Departamento de Estado no ha emitido un comunicado detallado, pero funcionarios estadounidenses recordaron que la ley les permite revocar visas en cualquier momento si consideran que existen actividades contrarias al interés nacional. En este caso, la medida se enmarca en una estrategia que busca presionar a México para intensificar la cooperación en materia de seguridad y frenar la expansión de los cárteles. “La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, declaró Earl Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en el país, en declaraciones retomadas por medios internacionales.
En México, la noticia ha provocado reacciones encontradas. Mientras algunos legisladores exigen transparencia y piden que se aclare si existen investigaciones formales contra los afectados, otros consideran que se trata de un acto de injerencia que vulnera la soberanía nacional. En redes sociales, figuras políticas han evitado pronunciarse directamente, aunque varios dirigentes opositores han insinuado que la medida exhibe la fragilidad de los vínculos entre el poder político y los grupos criminales. ■
