Las primeras semanas de las nuevas administraciones públicas a nivel federal, estatal y municipal se han caracterizado por un proceso de definiciones, mientras analizan qué políticas, programas y obras implementar, una vez que cuenten con los recursos necesarios para su ejecución. Está claro que el arranque de muchos gobiernos durante el último trimestre del año fiscal genera una especie de parálisis institucional. En estos primeros compases, se vive de anuncios, declaraciones y, sobre todo, de la creación de expectativas en la población: se venden más esperanzas que logros.
Los equipos de trabajo ya afinan los detalles del presupuesto 2025, conscientes de que es necesario garantizar “el poder de la bolsa”, porque no se puede hacer política sin dinero.
En medio de escenarios de alta incertidumbre económica, las estimaciones tienen que ser muy precisas para dar viabilidad y dirección al desarrollo de proyectos. La palabra “presupuesto”, por cierto, proviene del latín “prae” (antes de) y “suppositus” (hecho o formado), lo que etimológicamente significa «antes de hecho». Si las estimaciones fallan y los recursos disminuyen, lo que hoy son promesas de grandes transformaciones pueden convertirse en meras fantasías. Lo peor de todo: la esperanza de la ciudadanía quedaría truncada.
Los tabasqueños, en su abrumadora mayoría, expresaron en las urnas su confianza en el gobernador Javier May Rodríguez, apostando por un futuro de acciones transformadoras. En las últimas semanas, los titulares de diversas dependencias estatales han empezado a delinear algunas propuestas para sus respectivas áreas de acción. No obstante, algunas de estas iniciativas aún carecen de metas claras, indicadores precisos y, desde luego, información detallada sobre los recursos públicos que demandarán. Es evidente que el proceso de estructuración está en marcha.
Mientras tanto, se reconoce que dentro del amplio abanico de compromisos que el gobernador May Rodríguez planteó durante su campaña, ya emergen algunas señales buenas y claras de un nuevo estilo de gobernar: un acercamiento directo con la población —una «política de territorio»— y una coordinación interinstitucional con el fin de acelerar los resultados en áreas clave como la seguridad pública. Al respecto, ya se percibe con mayor intensidad la presencia de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y los efectivos locales en las calles.
En cuanto a los municipios, salvo contadas excepciones, el panorama es menos alentador. En la mayoría de los ayuntamientos, lo único que queda en las arcas son los recursos para cumplir con los compromisos salariales y de prestaciones de fin de año a favor de los servidores públicos, montos que representan un altísimo porcentaje del dinero administrado por los alcaldes.
El municipio de Centro es, tal vez, uno de los pocos ejemplos positivos en estas primeras semanas de gobierno, en gran medida por la inercia del trabajo ordenado y bien focalizado del periodo anterior. Esta semana, la alcaldesa Yolanda Osuna dio a conocer el arranque de importantes obras de agua potable, drenaje y alcantarillado en algunas localidades, con una inversión superior a 21 millones de pesos, y ayer miércoles inauguró acciones de alumbrado en puentes peatonales e importantes calles y avenidas.
Más allá de las palabras y los anuncios, se demuestra que la confianza ciudadana, la calidad de la actuación gubernamental y la continuidad de los proyectos representan una combinación virtuosa que promueve el bienestar social. ■
