El comercio ambulante es un fenómeno que, dependiendo de su ejercicio, puede ser tanto una manifestación de subsistencia económica como un acto que desafía el orden. Cuando se lleva a cabo de manera ilegal e irresponsable, obstruye vialidades, invade zonas de tránsito peatonal y contribuye a la generación indiscriminada de residuos sólidos en los espacios públicos. Este problema suscita un debate encendido entre quienes defienden el derecho al trabajo y quienes exigen la aplicación estricta de la ley.
En un país de normas, la coexistencia social requiere que todos los ciudadanos respeten las reglas establecidas. El artículo 5 de la Constitución federal consagra el derecho de cada persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sea lícito. Sin embargo, gran parte del comercio ambulante se encuentra al margen de este precepto. Su carácter informal desafía la legalidad, generando tensiones con el comercio establecido y afectando la movilidad y seguridad en los espacios compartidos.
El argumento de que «es justo que las personas busquen ganarse la vida» no puede obviar que la violación a las normas genera un efecto dominó de consecuencias negativas. Durante la temporada decembrina, por ejemplo, las calles, parques y banquetas suelen ser invadidas por vendedores que ofrecen desde artesanías hasta productos pirotécnicos. Estos últimos representan un peligro para los compradores y para los propios comerciantes.
Si bien resulta comprensible empatizar con quienes encuentran en el comercio informal una vía de sustento, también es cierto que el desorden impacta negativamente a otros sectores, sobre todo al comercio formal que cumple con obligaciones fiscales y de regulación.
En este contexto, las autoridades enfrentan el reto de actuar imparcialmente. Su responsabilidad no solo es garantizar el cumplimiento de la ley, sino también asegurar que los procedimientos sean claros y transparentes. Sin embargo, implementar estas medidas no está exento de riesgos ni de confrontaciones. Ejemplo de ello son los recientes incidentes en el municipio de Centro, donde, de acuerdo con lo observado en un video que circula en redes sociales, supervisores del área de fiscalización fueron agredidos mientras realizaban un operativo para retirar ambulantes. Estos sucesos subrayan la delicada línea entre la aplicación de la ley y la percepción pública sobre el ejercicio del poder.
Más allá de la acción gubernamental, el papel de la ciudadanía es fundamental. La anarquía no surge exclusivamente de la omisión de las autoridades, sino también de la falta de compromiso de los ciudadanos para respetar el espacio común. Es cierto que todos tienen derecho a opinar y participar en el debate, pero también es esencial recordar que los derechos individuales terminan donde comienzan los derechos de los demás. La libre circulación y la seguridad en los espacios públicos son principios que no deben ni ser negociados ni vulnerados por intereses particulares.
Este problema solo podrá resolverse mediante un compromiso colectivo que dé lugar a la construcción de un entorno más ordenado y justo. La anarquía puede ser posible, pero también lo es la convivencia respetuosa. ■
