Los avances en la participación de las mujeres en diversos campos, especialmente en aquellos donde deben tomar decisiones públicas cruciales y ejercer mayor poder de influencia, como es el caso de la política, han sido notorios. Las disposiciones para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres han adquirido rango constitucional, y poco a poco se han ido superando los vacíos interpretativos que dificultaban su cumplimiento.
Gracias a diversas sentencias de tribunales electorales y jurisprudencias sobre el principio de paridad de género, se han implementado medidas que contribuyen a equilibrar la competencia electoral, promover la inclusión de las mujeres en las instituciones, eliminar obstáculos estructurales y fortalecer su liderazgo.
Aunque el tema sigue generando debates públicos, una premisa fundamental que debe prevalecer es que el principio de paridad no debe entenderse en perjuicio de las mujeres, sino siempre en su beneficio progresivo, dada la larga historia de discriminación que han sufrido.
Es importante recordar que el principio constitucional de paridad fue consagrado desde 2014, y las reformas de 2019 —conocidas como «paridad en todo»— ampliaron su alcance, asegurando su aplicación en todos los puestos de elección popular. Por ello, en este tema, la simulación no tiene cabida; se requiere acción efectiva.
Uno de los puntos clave de la polémica es que, aunque la paridad es exigible constitucionalmente en la postulación de candidaturas, y existen obligaciones para garantizar los principios de igualdad y no discriminación, algunas instituciones no han definido reglas claras ni se han preocupado por establecer criterios técnicos para su cumplimiento.
Un ejemplo de esta situación se observa en las elecciones de delegados municipales en Tabasco, que los ayuntamientos deben llevar a cabo en diciembre a fin de cumplir la reforma aprobada por el Congreso del Estado, a partir de una iniciativa del gobernador Javier May Rodríguez. Al parecer, algunos municipios suponen que la paridad se reduce a un tema numérico, por lo que prevén designaciones mediante sorteos, mientras que otros, como Balancán, solo mencionan la paridad de forma superficial, sin definir criterios específicos.
Llama especialmente la atención el caso del municipio de Centro, cuyo Cabildo aprobó este jueves la convocatoria para la elección de delegados, programada para el 15 de diciembre. Esta convocatoria marca una diferencia notable respecto a los demás ayuntamientos, ya que, además de los detalles habituales, incorpora un Proyecto de Acuerdo de Paridad de Género que presenta conceptos y criterios que han sido objeto de intensas discusiones jurídicas en los últimos años para garantizar la igualdad en la participación política de las mujeres y combatir la discriminación histórica que han padecido.
El acuerdo señala que, para la elección de los 202 cargos en disputa, los lugares que se asignarán exclusivamente a mujeres se definirán con base en dos criterios: primero, la población de las localidades (dividida en tres bloques: alta, media y baja) para asegurar que haya representación femenina en comunidades de distinta densidad poblacional; y segundo, la elegibilidad basada en el género de los delegados que estuvieron al frente de cada comunidad durante los tres últimos periodos (si fueron dos hombres y una mujer, corresponderá una mujer; si fueron dos mujeres y un hombre, corresponderá un hombre).
Estos criterios son relevantes, ya que dejar la paridad a la suerte puede dar lugar a una subrepresentación de las mujeres en las delegaciones, no porque haya menos, sino porque su poder de influencia podría verse desproporcionadamente reducido, dependiendo del tamaño de la población.
¿Es una medida de avanzada? Tal vez. El tema de la paridad sustantiva está comenzando a cobrar una presencia real. Estos criterios van más allá de un simple equilibrio numérico, buscando que las mujeres no solo estén presentes, sino que tengan verdadera influencia y capacidad de decisión, sobre todo en comunidades con grandes poblaciones. Además, esta convocatoria privilegia una acción afirmativa que corrige las desventajas históricas que enfrentan las mujeres y atiende el principio de progresividad, dado que los derechos de las mujeres deben incrementarse, no disminuirse; en otras palabras: progresar de manera gradual.
Sin duda, se puede percibir la impronta de la alcaldesa Yolanda Osuna, una mujer que ha basado el éxito de su administración en cuatro pilares: el orden, la disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento de la ley.
Habrá que ver si el pueblo y los actores políticos locales tienen una visión progresista o si prefieren mantenerse en posturas reaccionarias. ■
