Estados Unidos ► El presidente Donald Trump promulgó la noche del miércoles la iniciativa aprobada por el Congreso que pone fin al cierre parcial del Gobierno federal, que se había prolongado por más de seis semanas y dejó paralizadas numerosas agencias y servicios públicos, informaron medios y agencias internacionales.
El cese de actividades, iniciado el 1 de octubre, se extendió por 43 días y afectó a millones de trabajadores federales y a la prestación de servicios esenciales; la firma presidencial ordena la reanudación gradual de operaciones mientras las agencias restablecen funciones y se evalúa el impacto operativo y económico acumulado durante el periodo de parálisis.
La ley firmada restablece el financiamiento de las dependencias federales hasta enero de 2026 e incluye disposiciones para reincorporar a más de 4,000 empleados que habían quedado sin pago durante el cierre, además de asignaciones dirigidas a sectores como Defensa y Asuntos de Veteranos para evitar desabasto en servicios críticos mientras se negocian partidas a más largo plazo.
En la Cámara de Representantes, la medida contó con un apoyo mayoritario que incluyó a legisladores de ambos partidos, y fue impulsada por un bloque de republicanos junto con varios demócratas moderados que consideraron la urgencia de restaurar servicios; la votación reflejó, sin embargo, la profunda división partidista que dejó como saldo la mayor paralización institucional en la historia reciente del país.
Economistas y analistas políticos consultados por medios señalaron que, aunque la firma de la ley evita una escalada inmediata de la crisis institucional, las secuelas económicas y administrativas requerirán semanas para medirse con claridad: fondos comprometidos, contratos retrasados y la recuperación del personal operativo forman parte de la factura que ahora deberá atenderse mientras el Ejecutivo da instrucciones para la vuelta a la normalidad administrativa.
En declaraciones desde la Casa Blanca, el mandatario calificó el acuerdo como una solución para devolver al país “a su funcionamiento normal” y atribuyó la responsabilidad política del cierre a sus opositores en el Congreso; en paralelo, líderes demócratas y representantes sindicales reclamaron garantías de transparencia en el uso de los recursos y urgieron a que los próximos presupuestos eviten recurrir a cierres como herramienta de negociación, mientras la opinión pública y mercados permanecen atentos a las repercusiones políticas derivadas del episodio. ■
