Estados Unidos ► El presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Comercio a “comenzar de inmediato a trabajar en un nuevo censo de alta precisión basado en datos y cifras actuales” y advirtió que las personas en el país sin documentos “NO SERÁN CONTABILIZADAS EN EL CENSO”.
La Constitución exige un censo decenal y el próximo está programado para 2030, por lo que adelantar este recuento cinco años antes del plazo legal genera cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Solo el Congreso tiene facultad de ordenar censos intermedios, y estudiosos advierten que un conteo extra sin reforma legislativa podría enfrentar bloqueos judiciales.
Durante su primer mandato, Trump intentó incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, medida que la Corte Suprema bloqueó en 2019; su sucesor, Joe Biden, revocó cualquier política de exclusión de indocumentados con una orden ejecutiva en 2021.
El censo determina la distribución de 435 escaños en la Cámara de Representantes y mil millones de dólares en fondos federales para estados y comunidades. Analistas señalan que excluir a 11-13 millones de inmigrantes indocumentados podría costarle distritos a California o Nueva York y favorecer a regiones con menor población extranjera, un cambio con claras implicaciones para el mapa electoral de 2026 y maniobras de redistricting en Texas y otros estados republicanos.
Expertos anticipan impugnaciones en tribunales federales, recordando que la 14ª Enmienda y precedentes del más alto tribunal protegen el recuento de todas las personas que residen en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. Cualquier modificación en la práctica del censo requerirá no solo la voluntad ejecutiva, sino el aval del Congreso y la aprobación de la Corte Suprema. ■
