Yucatán ► El Gobierno de Yucatán anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General por la emisión de actas de nacimiento, matrimonio y defunción apócrifas, presuntamente realizadas por funcionarios del Registro Civil.
Durante una revisión en el edificio central del Registro Civil, se detectaron inicios de sesión irregulares en el Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID). Las investigaciones revelaron que algunas cuentas de usuarios, que habían sido inhabilitadas o creadas sin autorización, fueron utilizadas desde dispositivos asignados al departamento de Informática del Registro Civil. El Gobierno Estatal, a través de la Consejería Jurídica, desactivó nuevamente estas cuentas para evitar su mal uso y bloqueó un nuevo intento de acceso.
Los servidores públicos implicados podrían enfrentarse a sanciones administrativas como destitución, inhabilitación y sanciones económicas, además de posibles sanciones penales por falsificación de documentos oficiales y otros delitos relacionados. Estas faltas graves, según la Ley de Responsabilidades Administrativas, subrayan la seriedad del caso y la necesidad de una acción judicial.
El gobierno estatal destacó que entre las irregularidades encontradas están el uso indebido de cuentas de usuarios inhabilitados del SID, expedición ilegal de actas, falsificación de documentos oficiales, falta de integración de la documentación requerida y posibles daños patrimoniales o afectaciones a terceros.
El estado de Yucatán se enfrenta a un desafío importante para restablecer la confianza en el sistema de registro civil y garantizar la integridad de los documentos oficiales emitidos. La administración actual se compromete a llevar a cabo una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y evitar futuros actos de corrupción.
Con estas medidas, el Gobierno de Yucatán busca reforzar la transparencia y la legalidad en sus procesos, demostrando su compromiso con la ciudadanía y la protección de los derechos de los ciudadanos. ■
