Estados Unidos ► La Corte Suprema de Estados Unidos emitió hoy, 5 de junio de 2025, un fallo unánime que desestima la demanda interpuesta por el gobierno de México contra varios fabricantes estadounidenses de armas. En esta controversia legal, el Estado mexicano acusaba a empresas como Smith & Wesson e Interstate Arms de facilitar de manera negligente el tráfico ilícito de armamento hacia cárteles de droga, contribuyendo a la violencia en territorio mexicano. La demanda, presentada en 2021 y que reclamaba una indemnización de 10 mil millones de dólares, pretendía establecer una responsabilidad directa de los fabricantes por la comercialización de sus productos, a pesar de que estos se utilizan en contextos delictivos por terceros.
El fallo se fundamenta en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), promulgada en 2005, la cual otorga una amplia inmunidad a los fabricantes de armas frente a litigios derivados del uso no autorizado de sus productos. En su opinión, redactada por la jueza Elena Kagan, el Tribunal concluyó que “no se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, la acusación se basa en el uso criminal del producto por parte de terceros”, subrayando que la demostración de complicidad directa es insuficiente para responsabilizar legalmente a las compañías.
La argumentación del gobierno mexicano se centró en que las prácticas comerciales negligentes y el diseño de ciertos armamentos incentivaban, de forma indirecta, el acceso de las armas a redes criminales. No obstante, el máximo tribunal de Estados Unidos dejó en claro que, en ausencia de pruebas contundentes de una instigación o apoyo activo en la venta ilegal, la responsabilidad recae únicamente en quienes cometen el delito. La protección ofrecida por la PLCAA ha sido reiteradamente defendida en instancias judiciales previas, estableciendo un precedente que refuerza la posición de la industria armamentista ante demandas transnacionales.
El veredicto ha generado reacciones polarizadas en el ámbito internacional. Mientras representantes de la industria de armas celebran la resolución como una confirmación del marco legal que regula la venta de armamento en Estados Unidos, el gobierno mexicano y diversos sectores de la sociedad civil expresan su decepción, argumentando que la decisión podría dificultar la búsqueda de soluciones efectivas para mitigar el flujo de armas ilegales que alimenta la violencia en el país. ■
