Ciudad de México ► La inversión pública en infraestructura sufrió en 2025 su mayor retroceso desde que existen registros oficiales: una caída anual de 28.4%, que dejó el gasto en 769,961.8 millones de pesos, equivalente a 2.2% del PIB, según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto, en términos reales, se asemeja a lo erogado en el primer año del sexenio anterior, lo que marca un retroceso en la capacidad de inversión productiva del Estado.
El gobierno había anticipado una reducción del gasto de inversión tras la conclusión de los grandes proyectos heredados de la administración previa, que en 2024 llevaron la inversión a niveles inéditos, por encima del billón de pesos. Sin embargo, la corrección fiscal de 2025 estuvo impulsada también por la necesidad de contener un déficit que en 2024 se elevó hasta 5.7% del PIB, resultado de una ampliación del gasto financiada en parte con deuda.
La contracción afectó de manera generalizada a la inversión física presupuestaria. Entre los rubros más afectados figuran el sector energético, con una caída de 32.7%; dentro de éste, hidrocarburos -34.3% y eléctrico -24%. Educación registró una reducción de 25.7%, mientras que abastecimiento, agua potable y alcantarillado sufrió un retroceso de 64.4%, el mayor desde que hay registros.
Hubo, no obstante, dos excepciones notables: comunicaciones y transportes experimentó un repunte de 89.2%, el mayor en 35 años, y salud avanzó 18.9%. Estos incrementos contrastan con la caída generalizada y apuntan a una reasignación de recursos hacia proyectos y servicios prioritarios para la administración.
El desplome de la inversión pública ocurre en paralelo con el crecimiento de partidas consideradas ineludibles. Pensiones aumentaron 6.8% en 2025, hasta 1,611,220.5 millones de pesos, y el pago de intereses de la deuda absorbió 1,310,761.3 millones de pesos. Ambos rubros superan con creces lo destinado a inversión productiva, limitando el margen fiscal para reactivar obras y proyectos de largo plazo.
La caída también plantea un desafío regional: estados y municipios que dependen de obras hidráulicas o energéticas podrían ver comprometidos servicios básicos y desarrollo local. ■
