Villahermosa ► La alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, aclaró que el cobro a restauranteros por concepto de anuncios y letreros no corresponde a un nuevo impuesto, sino a un derecho establecido en la normatividad municipal desde 2002.
En respuesta a las inconformidades expresadas por algunos empresarios del sector restaurantero, la presidenta municipal explicó que el procedimiento se deriva de un reglamento vigente desde hace más de dos décadas y que ha sido aplicado de manera constante en los ingresos municipales. “No se ha desempolvado nada, no es que se haya sacado del cajón. Esto está desde el 2002 y se viene haciendo de manera frecuente. Inclusive en nuestros ingresos de los últimos cuatro años está desagregado lo que corresponde a los anuncios y letreros”, puntualizó.
Osuna Huerta subrayó que se trata de un derecho y no de un impuesto, y que la supervisión realizada este año alcanzó a comercios que anteriormente no habían cumplido con el pago. “Lo importante es que ni siquiera los que ahora se les supervisó habían pagado antes. Entonces claro, porque se supervisó y se está comentando lo del cobro. Eso es todo realmente, pero ni es nuevo, ni es impuesto, es un derecho”, señaló.
El tema generó debate luego de que restauranteros de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Tabasco manifestaran su inconformidad, argumentando que la medida representa una carga adicional en un contexto económico complicado. Algunos establecimientos incluso retiraron letreros para evitar el cobro.
La alcaldesa informó que ya sostuvo comunicación telefónica con el presidente de la Canirac y que próximamente se reunirá con representantes del gremio para aclarar dudas y establecer un diálogo abierto. “Con muchísimo gusto vamos a reunirnos para la aclaración. Esta administración ni está poniendo un nuevo impuesto ni siquiera porque ni”, expresó, reiterando la disposición de su gobierno para atender las inquietudes de los empresarios.
Osuna Huerta insistió en que el cobro se realiza de manera casuística, dependiendo de las supervisiones anuales, y que la administración municipal mantiene flexibilidad y apertura para explicar el procedimiento. “Es un derecho que hay que pagar, está en la norma, en la ley”, enfatizó. ■
