Ciudad de México ► Durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, se encuentra en conversaciones con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que se devuelvan los recursos presuntamente desviados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Según Sheinbaum, aún no se ha concretado el acuerdo, pero advirtió que, en caso de no llegar a un entendimiento, se impondrán cargos severos en Estados Unidos y se aplicará una legislación más estricta en el juicio pendiente en territorio mexicano.
La mandataria citó una nota recibida el pasado viernes de Pablo Gómez que indicaba avances en el proceso de entrega de información y activos, subrayando que de no materializarse el acuerdo el juicio continuará en Estados Unidos.
En paralelo, la sentencia dictada en una corte civil de Miami por la jueza Lisa Walsh ordenó que García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, paguen en conjunto más de 2,400 millones de dólares. De esta suma, se determinó que el exfuncionario deberá cubrir 748 millones y su esposa 1,740 millones, como consecuencia de su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante su gestión en el Gobierno de México. Este proceso civil tiene como objetivo recuperar los activos adquiridos con recursos que presuntamente fueron saqueados, en una demanda presentada en septiembre de 2021 por el Estado mexicano.
Adicionalmente, la UIF ha identificado a otras personas físicas involucradas en este entramado corrupto. Entre ellas se destacan Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Cabe resaltar que este caso es distinto al proceso que enfrenta García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York por narcotráfico. Durante su gestión en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), también se le vincula por supuestamente haber brindado apoyo al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, situación que lo llevó, en octubre del año pasado, a recibir una sentencia de más de 38 años de prisión por delitos relacionados con la distribución e importación de cocaína y por declaraciones falsas. ■
