Ciudad de México ► Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal siguen activas y que las detenciones continúan, en lo que calificó como una ofensiva institucional contra redes de contrabando de combustibles que operaban bajo esquemas de simulación aduanera.
El caso que detonó la indagatoria fue el aseguramiento, en marzo, de un buque en el puerto de Tampico que declaró transportar naftas bajo un permiso temporal de importación. En realidad, llevaba diésel. El hallazgo encendió las alertas y abrió una investigación que ha derivado en la captura de al menos 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Sheinbaum explicó que el fraude no solo evade impuestos, sino que distorsiona el mercado energético al introducir combustible ilegal a precios más bajos, afectando a Pemex y a los importadores legales. “Es un doble daño: fiscal y comercial”, dijo. La presidenta también reveló que se han detectado ferrotanques con diésel ilícito circulando en trenes, y que hay más de 500 empresas bajo revisión en aduanas, aunque será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine cuántas están directamente implicadas.
Sobre los señalamientos que apuntan a exfuncionarios involucrados, Sheinbaum fue tajante: “Cuando decimos cero impunidad, es cero impunidad”. Reiteró que las detenciones responden a hallazgos de la FGR, que coordina el caso junto con la Secretaría de Seguridad y la Marina, esta última responsable de varias aduanas clave en el esquema de importación simulada.
Aunque aún no hay una cifra oficial sobre el daño económico causado por el buque decomisado, la mandataria aseguró que será la fiscalía quien entregue ese dato. Mientras tanto, el mensaje desde el Ejecutivo es claro: no habrá tolerancia frente a redes que lucran con el desvío de combustibles, ni con quienes las encubren desde el aparato público. ■
