Ciudad de México ► La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que en México no existe carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los propietarios de Vector Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y CI Banco, instituciones financieras señaladas el pasado 25 de junio por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” vinculadas al tráfico ilícito de opioides.
El 25 de junio, la FinCEN prohibió transferencias de fondos que involucren a Vector, Intercam y CI Banco, al acusarlas de lavar millones de dólares para cárteles mexicanos y de facilitar pagos para obtener precursores químicos para fentanilo. En un comunicado, esa dependencia señaló que las casas de bolsa y el banco “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado” en esas operaciones ilícitas.
En su cuenta oficial de Twitter, la FinCEN reforzó que estas acciones buscan frenar los esquemas de financiamiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de opioides.
Dueños y estructura accionaria
- Vector Casa de Bolsa pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia.
- Mario Eduardo García Lecuona Mayeur es el principal accionista de Intercam.
- CI Banco, sin un solo propietario mayoritario, está presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene comunicación permanente con el Departamento del Tesoro de EE. UU., el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM).
El miércoles pasado, la FinCEN otorgó una prórroga de 45 días—hasta el 4 de septiembre—para la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias con las tres instituciones, en atención al diálogo binacional. Durante ese lapso, la SHCP asumió la gestión temporal de los negocios fiduciarios de CI Banco e Intercam, que serán transferidos a la banca de desarrollo para proteger a ahorradores y fideicomisos afectados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP revisa las operaciones de las tres entidades y ha impuesto sanciones administrativas por irregularidades operativas detectadas en los negocios fiduciarios. Aún sin denuncia penal, la CNBV ya aplicó multas por problemas de cumplimiento interno.
Las calificadoras Moody’s y HR Ratings valoraron positivamente estas medidas, al estimar que la separación de los fideicomisos y la intervención de la banca de desarrollo mitigan riesgos operativos y garantizan la continuidad de los servicios financieros.
Sheinbaum reiteró que, de encontrarse elementos probatorios de lavado de dinero o cualquier delito en los procesos de revisión, la SHCP presentará la denuncia correspondiente ante la FGR. Hasta ahora, las sanciones en México se limitan a lo administrativo y a la supervisión regulatoria, sin carpetas de investigación penales en curso. ■
