Ciudad de México ► La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que un ministro de la Suprema Corte, quien en su momento fue director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), está impulsando que a tres grandes contribuyentes se les reembolse un crédito fiscal con intereses. Según explicó, estos contribuyentes realizaron un pago que fue posteriormente cuestionado ante los tribunales, y aunque un juez determinó que efectivamente se pagó algo indebido, las empresas ahora solicitan la devolución del monto incrementado con intereses, una práctica que, según la mandataria, va en contra de la legalidad.
La presidenta recalcó el carácter irregular de esta reversión, enfatizando que “no se puede regresar recurso con intereses”, aludiendo a que la ley fiscal establece que la devolución de créditos no debe incluir un componente de intereses. Asimismo, Sheinbaum atribuyó el problema al hecho de que los pagos en cuestión se llevaron a cabo cuando el ministro, de “nombre compuesto”, aún se desempeñaba como director del SAT. Ahora, al formar parte del máximo tribunal, su intervención para favorecer dicha reversión configura, según la mandataria, un claro conflicto de interés, agravado por el hecho de que lo que se busca es beneficiar a empresas con recursos que se pagaron en el pasado.
Con este argumento, la presidenta agregó que el episodio es uno más de muchos que demuestran la necesidad de que el Poder Judicial responda a la justicia y no se incline ante intereses particulares. “Queremos un Poder Judicial que responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos”, afirmó, dejando en claro que este conflicto de interés es un llamado a revisar y renovar el marco de actuación de la Suprema Corte para asegurar que las decisiones se tomen en función del orden jurídico y no de influencias pasadas o personales.
La denuncia se suma a un clima de creciente atención sobre la imparcialidad y la transparencia en las altas esferas del Poder Judicial. Aunque la presidenta no precisó el nombre del ministro involucrado, el hecho resuena en el debate público sobre la integridad de las instituciones y la necesidad de reformas que eviten situaciones en las que decisiones pasadas puedan ser revisadas por actores que tuvieron implicación directa en los hechos originales.
El llamado de Sheinbaum se enmarca en una postura firme a favor de garantizar que los procesos judiciales se orienten exclusivamente hacia el interés general, sin la interferencia de conflictos de interés que puedan vulnerar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Con esta declaración, la presidenta invita a la reflexión sobre cuál debe ser el rol y los límites del Poder Judicial respecto a la protección de los derechos y el cumplimiento estricto de la ley en un contexto de creciente exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el país.
