Ciudad de México ► La volatilidad de los ingresos petroleros ha impactado de manera significativa a las entidades federativas con una fuerte dependencia en este sector. Un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) revela que Campeche y Tabasco encabezan la lista de las regiones más perjudicadas por la disminución de ingresos derivados del petróleo. Esta situación se atribuye a la disminución en la producción y los precios del crudo, así como a la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), lo que ha llevado a que la contribución de los ingresos petroleros al PIB nacional haya descendido del 2.2% en 2015 al 1.1% en 2023.
El CIEP destaca que, aunque la caída de los ingresos petroleros es un fenómeno generalizado en las entidades productoras como Tamaulipas y Veracruz, Campeche y Tabasco experimentan una situación más crítica. La falta de un sistema robusto de recaudación local en estas dos entidades exacerba los efectos negativos de la disminución de ingresos petroleros. Por otro lado, Tamaulipas y Veracruz han logrado mitigar parcialmente este impacto gracias a un incremento en los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal.
El Economista publica que ante este escenario, el CIEP subraya la urgencia de acelerar la transición energética en el país, la cual promete beneficios ambientales y económicos. Sin embargo, esta transición también implica desafíos financieros significativos, especialmente para aquellas economías locales que históricamente han dependido del petróleo. El CIEP insiste en que el fortalecimiento de la recaudación local es esencial para disminuir la dependencia de los ingresos petroleros y asegurar una transición suave hacia fuentes de energía más sostenibles.
La transición energética no solo representa un cambio en la matriz energética de México, sino que también requiere una reestructuración profunda de las economías locales. Reconocer y atender las necesidades financieras de las entidades petroleras será un paso fundamental en este proceso. El fortalecimiento de la recaudación local emerge como una estrategia clave para enfrentar los retos económicos presentes y futuros, asegurando así un desarrollo sostenible y resiliente en el contexto de un mercado energético en constante evolución.
La consolidación de la recaudación fiscal local puede experimentar un impulso significativo mediante la implementación de impuestos ambientales. Actualmente, estos impuestos constituyen solo el 3.5% del total de la recaudación tributaria y el 0.27% de los ingresos totales a nivel subnacional en las entidades federativas que los han adoptado. La adopción de estos impuestos no solo incentiva prácticas sostenibles, sino que también representa una veta aún no explotada para incrementar los ingresos fiscales en un contexto de transición hacia una economía más verde y equitativa. ■
