Japón ► El artículo 750 del Código Civil japonés, vigente desde 1898, exige que los cónyuges compartan un mismo apellido tras el matrimonio y, en el 95% de los casos, es el de la mujer el que desaparece, convirtiendo a Japón en el único país desarrollado con esta disposición legal.
Una encuesta entre 7 mil 582 investigadoras japonesas reveló que el cambio obligatorio de apellido crea obstáculos en la acreditación de patentes, títulos académicos, becas de investigación y asistencia a congresos, dificultando la correcta atribución del trabajo y la visibilidad laboral de las científicas.
Casos individuales muestran el alcance del problema. Kyoko Okino, geofísica marina de la Universidad de Tokio, pospuso su registro de matrimonio durante más de diez años para preservar su apellido profesional, hasta que el nacimiento de su hija la obligó a ceder. Aun así, Okino enfrenta ahora inconsistencias en sus documentos fiscales y de pensión, donde figura su nombre legal.
El 70% de la población japonesa apoya la introducción de un sistema de apellidos separados que permita a las parejas elegir mantener sus nombres de origen, según una encuesta reciente. A principios de 2025, el principal partido de oposición presentó un proyecto de ley en el parlamento para lograrlo, pero la discusión se pospuso hasta finales de año ante la falta de consenso político.
En 2015 y 2021, la Corte Suprema de Japón ratificó la constitucionalidad de la norma, alegando que el apellido único refuerza la unidad familiar. Estas decisiones han sido criticadas por grupos feministas y organismos internacionales como una práctica que refuerza roles de género anticuados.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU ha instado en cuatro ocasiones, incluida su recomendación más reciente en octubre de 2024, a que Japón adopte un sistema optativo de apellidos para cumplir con los estándares de igualdad de género y derechos humanos internacionales.
La Asociación Inter-Sociedades para la Promoción de la Igualdad de Género en Ciencia e Ingeniería demanda la modernización del Código Civil para evitar que las investigadoras deban optar entre su carrera profesional y las expectativas culturales de apellido único, y así impulsar un entorno de trabajo más equitativo y competitivo a nivel global. ■
