Estados Unidos ► La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley fiscal que introduce un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde el país. La tasa, que fue originalmente propuesta en un 5%, se redujo tras intensas negociaciones y cabildeo entre legisladores y representantes diplomáticos, marcando un giro en la política fiscal que afecta a millones de migrantes y sus familia.
El impuesto forma parte del amplio paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, conocido en algunos círculos como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”. Entre otras medidas, esta legislación contempla recortes impositivos y mayores inversiones en seguridad fronteriza y control migratorio; se estima además que el complejo conjunto de disposiciones contribuya a un aumento del déficit fiscal en aproximadamente 3.8 billones de dólares durante la próxima década.
La controversia en torno a esta medida se ve reflejada en las reacciones internacionales. En sus redes oficiales, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, celebró la reducción del impuesto a 3.5% como “un avance importante” para mitigar la doble tributación que históricamente han sufrido los migrantes. No obstante, reiteró que el gobierno de México sigue trabajando con la premisa de que no deben existir gravámenes sobre las remesas, fundamentales para sostener a millones de hogares.
En la práctica, el gravamen afectará a las transacciones en dólares destinadas al extranjero, impactando principalmente a migrantes —sean indocumentados, residentes permanentes o con visas de trabajo— y a los canales oficiales de envío de remesas. Aunque varios analistas sugieren que los emisores podrían encontrar vías alternativas para evitar el nuevo costo, los expertos coinciden en que la medida podría modificar la dinámica habitual de estos envíos y generar incertidumbre en un sector que representa el principal ingreso para numerosas familias en América Latina.
La votación en la Cámara se registró con apenas un voto de diferencia, 215 a favor y 214 en contra, lo que resalta la polarización que ha caracterizado la discusión legislativa. Ahora, el proyecto se traslada al Senado, donde los legisladores disponen de plazos —según algunas informaciones hasta el 30 de septiembre— para revisar, debatir y, eventualmente, ratificar o rechazar la normativa. La decisión final en el Senado determinará si este impuesto se implementará a partir de 2026 y cuáles serán, en última instancia, sus repercusiones sobre el flujo de remesas y la economía de los países receptores. ■
