El Salvador ► El presidente Nayib Bukele anunció la prohibición del uso de “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos de El Salvador, medida que fue oficializada con un memorando de la ministra de Educación, Karla Trigueros. La disposición, publicada en X por ambos funcionarios, establece que términos como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “todos y todas”, “alumn@”, “jóvenxs” o “nosotrxs” no serán admitidos “por ninguna circunstancia”, y abarca materiales, contenidos, libros y comunicación institucional de la cartera, así como todas sus dependencias.
Trigueros, capitana del Ejército y titular de Educación desde este año, argumentó que la medida busca “garantizar el buen uso del idioma” y “proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas” que, a juicio del gobierno, afectan el desarrollo integral. El memorando fue dirigido a directores de las 5,100 escuelas públicas, y se presenta como parte de un esfuerzo por consolidar una comunicación “clara, uniforme y respetuosa” en el sistema educativo.
La decisión se enmarca en una línea ya trazada por el Ejecutivo: en febrero de 2024, el entonces ministro José Mauricio Pineda anunció que “todo uso de la ideología de género” había sido retirado de las escuelas públicas. Meses después, Bukele reiteró en Estados Unidos, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, que la currícula no debía incluir ese enfoque y que los padres debían “tener voz y voto” sobre lo que aprenderían sus hijos.
En paralelo, el gobierno ha introducido nuevas normas de disciplina y cortesía en el sistema escolar, como regulaciones estrictas de vestuario y corte de cabello, el saludo a docentes al ingresar al aula y el uso de expresiones como “por favor” al formular peticiones, políticas que han sido criticadas por el Frente Magisterial Salvadoreño como una “militarización” de la escuela. Estas reglas, sumadas a la prohibición del lenguaje inclusivo, refuerzan el giro disciplinario del Ministerio de Educación bajo la gestión de Trigueros.
Hasta el momento, el comunicado oficial no detalla mecanismos de supervisión, sanciones específicas o procedimientos de evaluación sobre el cumplimiento de la prohibición, un vacío operativo que abre interrogantes sobre su implementación en aula y en la producción de materiales educativos. ■
